Un tribunal en El Salvador emitió este jueves (03.07.2025) una condena de 60 años de prisión a tres exjefes militares por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses, un crimen ocurrido hace 43 años durante la guerra civil (1980-1992). El 3 de junio, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, había dictado una sentencia inicial de 15 años de cárcel para cada uno de ellos. Sin embargo, al entregar la sentencia formal, el tribunal determinó que, dado que fueron cuatro los asesinatos, la pena total asciende a 60 años.

Según la sentencia, los condenados «solo cumplirán 30 años» de prisión, que es la pena máxima permitida por la legislación penal vigente en ese momento, explicó el abogado de las víctimas, Gustavo Huezo, a los medios de comunicación. Los militares condenados son el exministro de Defensa (1979-1983), general José Guillermo García, de 91 años; el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Morín (93); y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena (85), excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.

Los periodistas neerlandeses Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 en una emboscada del batallón Atonal en Chalatenango mientras realizaban un documental sobre la guerra civil salvadoreña. Trabajaban para IKON TV, un canal de los Países Bajos vinculado a varias iglesias.

Morín y Reyes Mena fueron considerados «autores mediatos» del crimen, mientras que García fue calificado como «autor en comisión por omisión». Además, los tres exmilitares deberán pagar responsabilidad civil a los familiares de las víctimas.

La sentencia también estipula que el Estado salvadoreño debe presentar una disculpa pública a los familiares de los periodistas «por el retardo en la justicia» y debido a que «los autores principales» eran parte del alto mando del ejército. Esta disculpa debe ser emitida por el presidente Nayib Bukele, en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada, en un plazo de 30 días hábiles.

El caso había permanecido en la impunidad hasta que fue reabierto en 2018, tras la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema salvadoreña en 2016 de una ley de amnistía de 1993 que perdonó los crímenes cometidos durante la guerra civil. Este conflicto dejó un saldo de 75,000 muertos y 7,000 desaparecidos, según cifras oficiales.