El juicio que se inició este lunes en El Salvador representa un hito, ya que es la primera vez que el país procesa de manera masiva a los líderes de una pandilla. Las autoridades están llevando a cabo este procedimiento judicial contra aproximadamente 490 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos varios de sus fundadores y figuras de alto mando. Este es un paso significativo en la lucha del gobierno contra la violencia y el crimen organizado en el país.

El contexto de este juicio se enmarca en la declaración de «guerra» que el presidente Nayib Bukele lanzó contra las pandillas tras una ola de asesinatos en marzo de 2022, donde se atribuyó al grupo la orden de matar a 87 personas en un solo fin de semana. Desde entonces, el estado de excepción ha resultado en la detención de más de 91,000 personas. Las cifras de la Fiscalía General de El Salvador indican que los acusados enfrentan un total de 47,000 delitos, de los cuales 29,000 son homicidios.

Las pandillas, como la MS-13 y su rival Barrio 18, han sido catalogadas como terroristas tanto por Estados Unidos como por El Salvador. Estas organizaciones han ejercido un control significativo sobre el territorio del país, afectando la seguridad y la estabilidad de la nación por más de tres décadas. Según el presidente Bukele, se estima que estas pandillas han sido responsables de alrededor de 200,000 asesinatos, sumando a los 80,000 desaparecidos.

La Fiscalía ha afirmado contar con «abundantes pruebas» para solicitar penas severas, aunque no se ha aclarado si se aplicará la nueva cadena perpetua que se implementará para castigar crímenes graves. En la audiencia inaugural del juicio, se destacó que las acciones de estos grupos han perturbado la paz y la seguridad del país durante décadas, lo que justifica un juicio riguroso.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Cristosal han expresado su preocupación por el enfoque de los juicios masivos, advirtiendo que podría haber condenas de inocentes y señalando la falta de un proceso judicial justo. Los acusados están compareciendo de manera virtual, y muchos de ellos se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel construida específicamente para albergar a pandilleros, mientras que otros han sido detenidos bajo el régimen de excepción.

Este proceso se lleva a cabo en un contexto tenso, donde la lucha contra las pandillas ha desencadenado un debate sobre la legalidad y la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno.