La Corte Suprema de El Salvador desestimó una solicitud de la Fiscalía de Venezuela para intervenir en la defensa de 252 migrantes venezolanos que se encuentran detenidos en el país centroamericano, luego de ser deportados por Estados Unidos. Esta decisión, dada a conocer el lunes 23 de junio de 2025, fue calificada por Caracas como «vergonzosa». Los migrantes venezolanos fueron expulsados por el gobierno de Donald Trump desde el 15 de marzo, bajo la acusación, sin pruebas, de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua. Actualmente, están recluidos en el Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador, diseñada para pandilleros por el presidente Nayib Bukele.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió una resolución en la que se declara «sin lugar» la intervención solicitada a través de un correo electrónico por el fiscal Tarek William Saab, argumentando que no se cumplían los requisitos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional. Además, se otorgó un plazo de tres días a un bufete de abogados contratado por el gobierno venezolano para que proporcionara información que complementara un recurso de habeas corpus presentado a finales de marzo.

Saab calificó la decisión de la Corte como una «maniobra dilatoria y evasiva», indicando que es una respuesta «vergonzosa» que busca eludir la responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad de los migrantes. El fiscal general venezolano denunció que el Estado salvadoreño ha optado por «negar toda cooperación» y reiteró su disposición a entregar 116 entrevistas realizadas a familiares de los detenidos, en el marco de una búsqueda de justicia.

La Corte salvadoreña exigió a los abogados del bufete de Jaime Ortega que aclararan cuál es el reclamo concreto que desean presentar y los hechos alegados, así como la autoridad a la que se atribuyen y las razones por las que consideran que se vulneran los derechos tutelados por el habeas corpus. También se les pidió que expliquen por qué afirman que los detenidos no han podido comunicarse con sus familiares y abogados, y que detallen las acciones realizadas para lograr dicha comunicación y las respuestas obtenidas de las autoridades.

Poco después de que se conociera la resolución, el bufete anunció que presentaría el «escrito de subsanación» requerido por la Corte. Los cinco miembros de la Sala Constitucional de El Salvador fueron nombrados en 2021 por un Congreso dominado por el partido de Bukele, que destituyó a los magistrados anteriores por fallos que no le fueron favorables.

Familiares de los venezolanos deportados visitaron El Salvador este mes, pero el gobierno de Bukele les impidió ver a los detenidos o tener prueba de vida. «Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos», expresó Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los deportados de 24 años, antes de dejar El Salvador.

Washington acordó pagar al gobierno de Bukele seis millones de dólares por mantener a los migrantes en prisión. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que estas detenciones violan los derechos humanos.