La Corte Suprema de Brasil ha emitido un fallo este miércoles en el caso de la concejala de Río de Janeiro y activista social Marielle Franco, condenando a los autores intelectuales de su asesinato, ocurrido hace ocho años y que conmocionó al país. Los magistrados de la Primera Sala han determinado por unanimidad que el crimen fue ordenado por João ‘Chiquinho’ Brazão, un exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, quien ocupa un cargo en el Tribunal de Cuentas de Río. Ambos han recibido una sentencia de 76 años de prisión. Además, Ronald Paulo Alves, un expolicía, fue sentenciado a 56 años, mientras que Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, y Robson Calixto Fonseca, asesor de los Brazão, enfrentan penas de 18 y 9 años, respectivamente.

Los magistrados también decidieron que los acusados perderían sus cargos públicos y deberán pagar una indemnización de siete millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de dólares o 1,1 millones de euros) a los familiares de Franco y de su chófer, Anderson Gomes, quien fue asesinado junto a ella, así como a la asesora Fernanda Chaves, que sobrevivió al ataque.

Alexandre De Moraes, juez instructor del caso, subrayó que este asesinato fue un acto de violencia política de género dirigido a silenciar a una mujer negra y pobre que se atrevió a desafiar los intereses de poderosos milicianos. “El mensaje es claro: no esperaban que la repercusión fuera tan grande”, afirmó.

Los magistrados confirmaron que los Brazão dirigían una facción paramilitar y que el asesinato de Franco fue una respuesta a su activismo, que se oponía a sus negocios ilegales en la zona oeste de Río. Marielle Franco, una mujer negra y lesbiana, activista del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), se convirtió en una voz crítica de la expansión de grupos paramilitares en las áreas empobrecidas de la ciudad. En marzo de 2018, poco después de asumir su cargo, fue asesinada a tiros junto a Gomes en el centro de Río, un hecho que coincidió con el ascenso de la ultraderecha en Brasil, generando una ola de indignación y una búsqueda continua de justicia por parte de sus familiares y seguidores.

El legado de Marielle Franco ha seguido creciendo desde su muerte. Sin embargo, las investigaciones iniciales, a cargo de la Policía Local, avanzaron lentamente, en parte debido a los esfuerzos de Barbosa por obstaculizarlas, según lo indica la sentencia del Supremo.

En febrero de 2023, cinco años después del asesinato y con solo dos personas detenidas, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reactivó la investigación, asignando a la Policía Federal el caso. Gracias a la confesión del expolicía Ronnie Lessa, quien fue el autor material del crimen, se logró acercar a los Brazão.

Familiares de Franco, defensores de derechos humanos y políticos de izquierda celebraron la condena de los cinco acusados, calificándolo como un «día histórico». Marinete da Silva, madre de Marielle, quien estuvo presente en el juicio con su otra hija, la ministra de Igualdad Racial Anielle Franco, expresó su alivio al considerar que se había logrado una «justicia digna». «Nada fue en vano. Hoy salimos de aquí con el corazón reconfortado», declaró Da Silva. Antes de la sentencia, la ONG Amnistía Internacional había manifestado que el juicio debía ser un «punto de inflexión contra la impunidad» y que la justicia debía alcanzarse no solo para los que cometieron el crimen, sino también para quienes lo ordenaron.