La Fiscalía de Colombia ha solicitado «medidas coercitivas urgentes» contra el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias ‘Pitufo’, quien ha sido considerado el ‘zar del contrabando’ en el país sudamericano. El Tribunal Supremo de Portugal, sin embargo, ha ordenado su liberación inmediata, argumentando que su detención es ilegal debido a que ha expirado el plazo para ejecutar su extradición a Colombia mientras espera una solicitud de asilo.

El alto tribunal portugués ha respaldado la defensa de Marín, quien enfrenta acusaciones de contrabando, cohecho y pertenencia a organización criminal. No obstante, ha aclarado que el proceso de extradición continuará una vez resuelta su solicitud de asilo, para la cual se ha establecido un plazo de 20 días.

Marín fue mencionado en la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022, que actualmente está bajo investigación por una posible violación de las normas de financiación de campañas electorales. En febrero, Xavier Vendrell, un asesor de Petro, admitió que Marín le había entregado cerca de 500 millones de pesos (más de 120.000 euros) para la campaña, aunque afirmó que no se aceptó porque no se podía verificar el origen del dinero.

El contrabandista fue arrestado en Gandía, España, en abril de 2024, pero logró escapar mientras estaba bajo la custodia de la Audiencia Nacional, beneficiándose de una libertad condicional. Posteriormente, fue recapturado en diciembre del mismo año en el norte de Portugal.

Gustavo Petro ha expresado su «rechazo» a la decisión del Supremo portugués a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, cuestionando si se presentaron todas las pruebas sobre las actividades ilícitas de Marín. También sugirió que la decisión del tribunal podría estar vinculada a un pacto con Washington, mencionando la presión de políticos colombianos con intereses oscuros.

La Fiscalía de Colombia ha solicitado al Ministerio Público de Portugal que implemente urgentemente medidas coercitivas para asegurar la extradición de Marín. Estas medidas incluyen la prohibición de su salida de Portugal, la retención de su pasaporte, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, el uso de un mecanismo de monitoreo electrónico, residencia vigilada, entre otras.