La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha informado que continuará ofreciendo el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria más allá del 30 de junio de 2025, siguiendo las instrucciones de la Corte Constitucional a través del Auto 897 de 2025. Esta decisión se toma con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la alimentación de las personas en prisión, en especial de aquellas que se encuentran en condición de sindicadas.

A pesar de que la Ley 2346 de 2024 había determinado que las responsabilidades de la USPEC en este ámbito finalizarían el 30 de junio, la entidad deberá seguir proporcionando el servicio hasta que las autoridades locales puedan demostrar completamente la implementación de sistemas alimentarios que aseguren la continuidad, calidad, suficiencia y adecuación de la alimentación.

La Corte Constitucional ha subrayado que el principio de subsidiariedad exige que el Estado actúe para evitar la violación de derechos fundamentales mientras se ajustan las capacidades de los gobiernos locales. Según la USPEC, «esta medida se adopta para atender la necesidad urgente de proteger el derecho fundamental a la alimentación» y para prevenir una posible crisis humanitaria que podría surgir si se interrumpe el servicio.

Además, la entidad enfatizó que esta responsabilidad se encuentra dentro del marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en 2013 en el sistema penitenciario colombiano, lo que demanda acciones tanto estructurales como transitorias para proteger a la población carcelaria. La Corte ha señalado que el derecho a la alimentación no debe verse afectado por vacíos institucionales o demoras administrativas de los gobiernos territoriales.

La USPEC también ha manifestado su compromiso de “continuar brindando el servicio con base en los principios de dignidad, continuidad y universalidad”. Asimismo, hizo un llamado a las administraciones departamentales y municipales para que avancen en la creación de sus propios esquemas de suministro alimentario, en cumplimiento con lo establecido por la Ley 2346 de 2024 y la Sentencia SU-122 de 2022. Esta transición deberá ser gradual, coordinada y articulada con el Gobierno nacional, garantizando la sostenibilidad del servicio.

Por último, la USPEC afirmó que seguirá colaborando estrechamente con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades, con el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.