El Gobierno nacional ha promulgado un decreto que estipula que los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional transferirán el setenta por ciento (70%) de los ingresos obtenidos por contribuciones parafiscales, tarifas, comisiones, recargos y precios públicos al Servicio Desconcentrado Fondo Especial Ciudad Humana. Esta medida, reflejada en el artículo 2 del decreto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.917 el 25 de junio de 2025, tiene como meta destinar recursos a proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario en todo el país.

El Fondo Especial Ciudad Humana será gestionado por la Corporación Todo es Posible, la cual se encargará de la ejecución de obras en diversas comunidades, basándose en las necesidades reportadas por los organismos comunales. Además, el decreto especifica que, para las tarifas y precios públicos cuyos montos no sean completamente asignados a la Administración Pública Nacional, la transferencia se realizará únicamente sobre las cantidades netas que correspondan a dicha administración.

El treinta por ciento (30%) restante de los recursos se mantendrá bajo la administración de los órganos y entidades de la Administración Pública Nacional mencionados en la tabla anexa al decreto, conforme a las bases legales aplicables. Por otro lado, el artículo 4 del decreto establece que su cumplimiento es obligatorio, indicando que los órganos y entes enumerados en el anexo deben cumplir con esta normativa de manera inmediata para asegurar su operatividad y gestión administrativa.

La supervisión y promoción del cumplimiento de este decreto recaerá en el Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Un total de 13 instituciones públicas están obligadas a transferir el 70% de sus ingresos al Fondo Especial Ciudad Humana, incluyendo entidades como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), y el Instituto Nacional de Deportes (IND), entre otras.

Este decreto se encuentra en el contexto de una emergencia económica, destinada a asegurar la ejecución eficiente y priorizada de las contribuciones y aportes que recibe la Administración Pública Nacional. Cabe recordar que el Decreto de Estado de Emergencia Económica, aprobado por el gobierno en abril, otorga al Ejecutivo la facultad de concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de tasas y contribuciones especiales establecidas por ley, así como redireccionar los recursos disponibles de los distintos fondos existentes.