Un juez de control de garantías ha dictado una medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Mateo Galván Mendoza, conocido como alias ‘Negro’, quien es señalado como el presunto cabecilla financiero de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Esta decisión fue tomada a petición de la Fiscalía General de la Nación, que lo identifica como uno de los principales implicados en el homicidio del líder comunal Osvaldo Eliecer Bula, ocurrido el 25 de noviembre de 2022 en Montería.
De acuerdo con las pruebas presentadas, se afirma que Galván Mendoza fue quien ordenó el asesinato de Bula en el barrio Los Recuerdos, donde hombres armados en motocicletas atacaron a la víctima, disparándole en repetidas ocasiones. La Fiscalía también argumentó que el acusado había señalado directamente a Bula como su objetivo y participó en el asalto armado, aprovechando que la víctima estaba indefensa.
Las investigaciones indican que alias ‘Negro’ forma parte de esta subestructura del Clan del Golfo desde febrero de 2020, actuando como coordinador financiero de las actividades delictivas en Córdoba, donde su función consistía en administrar los recursos provenientes de extorsiones, tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
Con base en los elementos recolectados, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) ha imputado a Galván Mendoza por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como accesorios y municiones. A pesar de la contundencia de las acusaciones, el procesado se ha negado a aceptar los cargos.
Este caso forma parte de una estrategia integral de la Fiscalía destinada a esclarecer crímenes contra líderes sociales en diversas regiones del país, especialmente en áreas donde operan estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo. En relación con el mismo homicidio, la Fiscalía ya ha judicializado a otros dos presuntos miembros del grupo armado que habrían participado en el crimen, quienes actualmente se encuentran en juicio.
Finalmente, la Fiscalía ha reafirmado su compromiso de seguir identificando a los responsables, financiadores y ejecutores de actos violentos contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y otros individuos en riesgo, con el objetivo de garantizar justicia y prevenir futuros ataques.