Estado evitó billonaria indemnización tras fallo del Consejo de Estado sobre demanda por desplazamiento en el Meta

**Martes, 21 de octubre de 2025**

El Consejo de Estado ha confirmado un fallo que desestimó una demanda millonaria contra diversas entidades gubernamentales, al concluir que no había pruebas suficientes que vincularan los casos de desplazamiento forzado presentados por los demandantes con las acciones del Estado colombiano. La demanda colectiva fue interpuesta por Jorge de Jesús Morales Rodríguez y otros ciudadanos, quienes alegaron haber sido víctimas del conflicto armado entre 1984 y 2015 en el departamento del Meta. En su reclamación, solicitaban una indemnización colectiva por daños materiales, morales y extrapatrimoniales que asciende a 5.275 billones de pesos, responsabilizando al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad para las Víctimas.

Además, Martha Carvajalino destacó que se están llevando a cabo esfuerzos significativos en la lucha contra las drogas a nivel mundial, con una reducción en el crecimiento de los cultivos de coca. También se han entregado indemnizaciones por un total de $48.000 millones a víctimas del conflicto armado en el Magdalena.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) tomó a su cargo la representación del Estado y logró demostrar que la demanda no cumplía con los requisitos legales necesarios para ser considerada como acción de grupo, ya que no había un conjunto homogéneo de condiciones entre los supuestos afectados, ni un vínculo causal claro sobre los hechos denunciados.

De acuerdo con la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el proceso no podía avanzar debido a que se intentaba incluir a todos los desplazados del país, lo que complicaba la identificación de un grupo específico de afectados. Con esta resolución, se ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en primera instancia había rechazado las demandas. Así, se evitó una condena sin fundamento jurídico y se protegieron los recursos públicos de una posible indemnización exorbitante.

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