Estados Unidos ha decidido modificar las sanciones impuestas a Venezuela, permitiendo que el gobierno venezolano cubra los honorarios de los abogados que defienden a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el caso de narcotráfico que enfrentan en Nueva York. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias revisadas que permiten a los abogados recibir pagos del gobierno venezolano bajo ciertas condiciones. Entre estas condiciones se encuentra que los pagos deben realizarse con fondos que estén disponibles para el gobierno de Venezuela a partir del 5 de marzo de 2026, y que no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

Esta acción representa un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente Donald Trump, que hasta ahora había impedido el acceso a estos fondos, argumentando razones de seguridad nacional y política exterior. Anteriormente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había sostenido que la incapacidad para pagar los honorarios violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a seleccionar a su representante legal, solicitando así la desestimación del caso.

Actualmente, Maduro y Flores se encuentran en una prisión federal en Brooklyn. En una segunda audiencia celebrada el 26 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, expresó escepticismo respecto a la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a EE.UU., la pareja ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional». Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Ambos han declarado estar «no culpables» de los cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína, y se espera que el juicio formal no inicie hasta dentro de uno o dos años.