El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para abordar una reciente denuncia sobre la conducta de contratistas durante las manifestaciones en Medellín. Se alega que estos contratistas habrían excedido sus funciones al hostigar y atacar a quienes protestaban en apoyo al pueblo palestino. La preocupación del presidente se fundamenta en los comentarios de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó su inquietud por las supuestas órdenes dadas a los gestores de convivencia para intervenir en las protestas ciudadanas.

Marín indicó que había directrices que promovían la disolución de las manifestaciones y advirtió que, de no ser acatadas, podrían tener repercusiones en la continuidad de los contratos de dichos gestores. “Nos preocupó que allí se dieron directrices de disolución de la protesta que, de no ser cumplidas, podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores”, explicó Marín en un video compartido en redes sociales.

El presidente Petro, en su mensaje, subrayó que, aun con diferencias sobre los métodos de extracción de energía, se enfrenta a una grave violación de derechos humanos, presuntamente ordenada desde la alcaldía de Medellín, y que se debe tomar acción al respecto.

La defensora del Pueblo también enfatizó que los gestores de convivencia carecen de autoridad para intervenir directamente en protestas o utilizar la fuerza, subrayando que cualquier instrucción en esa dirección sería irregular. “En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de manifestaciones, y menos por personal que no pertenece a la Policía Nacional”, agregó Marín.

La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades competentes a llevar a cabo investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer si hubo abuso de poder o uso indebido de contratistas durante las manifestaciones. Marín también manifestó su preocupación por la conducta del concejal de Medellín del Centro Democrático, Andrés Gury Rodríguez, quien podría estar incitando a la violencia contra las manifestaciones pacíficas.

La defensora concluyó que «las instituciones del Estado deben ser garantes de derechos, no generadoras de nuevos riesgos”.

La presión contra los manifestantes puede considerarse una violación de derechos humanos por varias razones. Varios instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos protegen el derecho a la protesta pacífica. Acciones como el hostigamiento, amenazas laborales o el uso de la fuerza por personal no autorizado pueden constituir violaciones a estas garantías fundamentales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) reconoce el derecho a la reunión pacífica, incluyendo el derecho a protestar, como un derecho protegido internacionalmente. La Observación General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU precisa que cualquier intervención estatal en protestas debe ser legal, necesaria y proporcional. Cualquier acción que no se ajuste a estos principios puede considerarse arbitraria y contraria al derecho internacional.

Si se confirma que los gestores de convivencia contratados por la alcaldía actuaron bajo órdenes para intervenir o disolver manifestaciones sin autoridad legal, esto podría representar un exceso que contradice los estándares internacionales sobre la protección de derechos humanos. Esto es aún más grave si las instrucciones implicaban advertencias sobre la terminación de contratos por incumplimiento, lo que podría interpretarse como una forma de coacción laboral.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han enfatizado que los Estados no solo deben abstenerse de reprimir protestas pacíficas, sino que también tienen la responsabilidad de protegerlas activamente. Cualquier acto de intimidación, violencia o intervención no autorizada socava ese compromiso.

Finalmente, estas acciones podrían afectar derechos relacionados, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las normas internacionales garantizan que la protesta es un medio legítimo de participación ciudadana, y su protección es crucial para el fortalecimiento de la democracia.