**Lunes, 22 de septiembre de 2025**
La Fiscalía ha revelado que, entre 2019 y 2022, José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, junto con tres de sus colaboradores —Juan Carlos Isaza Correa, Édgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta Núñez—, manipularon las cifras contables de la entidad. Este escándalo, que involucra un desfalco millonario en el sector salud, está a punto de llevar a los exdirectivos a juicio por presunta manipulación contable, apropiación indebida de recursos y ocultamiento de deudas que ascienden a miles de millones de pesos.
El programa «Señal Investigativa» del Sistema de Medios Públicos ha detallado la historia detrás de este desfalco, donde la Fiscalía sostiene que Cardona y su equipo se apropiaron de más de 70 mil millones de pesos y ocultaron 5.7 billones en facturas pendientes de pago a clínicas y hospitales. Julio Alberto Rincón, quien fue agente interventor de la Nueva EPS, recordó cómo se percató de irregularidades en el manejo financiero de la entidad en 2024.
«Desde el primer día comenzaron a surgir situaciones extrañas. A los dos días, recibí un informe de la propia Nueva EPS que revelaba un número considerable de facturas no contabilizadas en los estados financieros. En un principio, pensé que el monto podría estar entre 50 y 100 mil millones de pesos, pero el lunes siguiente, la cifra que recibí era de 5.7 billones de pesos en facturas sin respaldo financiero. Esto indicaba que algo grave estaba sucediendo en la empresa, y lo compartí con el ministro de Hacienda y los propietarios de la Nueva EPS, que son el gobierno y diversas cajas de compensación», explicó Rincón.
Cardona, quien lideró la Nueva EPS desde 2009 hasta enero de 2024, logró mantenerse en su puesto gracias a su conexión con diferentes administraciones y sectores políticos. «Señal Investigativa» también destacó que en la junta directiva de la Nueva EPS había figuras influyentes, incluidos familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la excandidata presidencial conservadora Nohemí Sanín.
El programa también destapó la existencia de «IPS de papel», clínicas y hospitales ficticios que eran parte de las maniobras fraudulentas. «Hay organizaciones criminales que crean entidades registradas ante el Ministerio de Salud, pero que no cuentan con instalaciones físicas reales, lo que les permite falsificar facturas. Además, se inventan pacientes y procedimientos que nunca se realizan, y cuando los equipos de auditoría revisan, los usuarios afirman no haber recibido los servicios», afirmó Félix León Martínez, presidente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
El juicio está programado para octubre de 2025 y podría convertirse en el proceso judicial más significativo contra la corrupción en el sistema de salud colombiano en la última década.