(Imagen referencial, no real)

La Fiscalía General de la Nación presentó un nuevo conjunto de pruebas documentales y testimoniales que vinculan a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘Negro Ober’, con una red de extorsión que operaba desde el interior de recintos penitenciarios. De acuerdo con las investigaciones oficiales, el señalado líder del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ habría utilizado teléfonos móviles para efectuar videollamadas e intimidar directamente a pequeños y medianos comerciantes en los municipios de Barranquilla, Soledad y Galapa, exigiendo pagos que alcanzaban hasta los 13 millones de pesos colombianos.

El material probatorio expuesto por las autoridades evidencia el empleo recurrente de plataformas de mensajería instantánea y llamadas en tiempo real como herramientas para ejercer presión psicológica sobre las víctimas. En estas comunicaciones, el procesado se identificaba como máximo jefe de la estructura criminal y amenazaba con atentar contra la integridad de los propietarios, sus empleados o las instalaciones de sus negocios en caso de no acceder a sus pretensiones económicas.

El modus operandi: contacto directo y cobros periódicos

Las indagaciones coordinadas por el Gaula de la Policía Nacional y delegados de la Fiscalía permitieron establecer que los cobros no correspondían a hechos aislados, sino a una dinámica sistemática de intimidación. Los investigadores lograron documentar interceptaciones telefónicas y registros digitales donde se aprecia la manera en que alias ‘Negro Ober’ encaraba a los comerciantes a través de pantallas.

El esquema operativo se dividía en dos fases principales:

• Fase de contacto e intimidación inicial: Integrantes de la red en las calles entregaban panfletos amenazantes o aparatos telefónicos en los establecimientos comerciales para obligar a los propietarios a contestar la videollamada proveniente del centro de reclusión.
• Fase de recaudo y logística financiera: Una vez fijada la cuota extorsiva —que oscilaba entre exigencias de un solo pago de hasta 13 millones de pesos o cuotas semanales y mensuales—, colaboradores externos se encargaban de recoger el dinero en efectivo o de suministrar cuentas bancarias y giros digitales a nombre de terceros para evadir el rastreo financiero.

Las pesquisas indican que los sectores comerciales más expuestos a estas dinámicas incluyeron graneros, estaciones de combustible, empresas de transporte público local, droguerías y distribuidores de alimentos en la zona metropolitana de Barranquilla.

Afectación comercial en Barranquilla, Soledad y Galapa

El impacto de las operaciones de ‘Los Costeños’ ha sido objeto de seguimiento prioritario por parte de las autoridades locales del departamento del Atlántico. En municipios como Soledad y Galapa, el gremio de comerciantes reportó durante meses un clima de zozobra originado por el flujo constante de exigencias monetarias.

Las denuncias instauradas ante la Fiscalía permitieron cruzar información técnica respecto a las celdas de red celular utilizadas para originar las llamadas, confirmando que varias de las señales provenían de los pabellones de alta seguridad donde el imputado ha permanecido recluido. La acumulación de testimonios de las víctimas fue clave para reconstruir la trazabilidad de los cobros y fundamentar la apertura de nuevos procesos penales en su contra.

El desafío del control penitenciario y los traslados del detenido

Alias ‘Negro Ober’ cuenta con un amplio prontuario judicial que incluye condenas previas por homicidio, extorsión agravada, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. A lo largo de su permanencia en el sistema carcelario, las autoridades han dispuesto múltiples traslados entre establecimientos de máxima seguridad en distintas regiones del país, buscando mitigar su capacidad de interferencia en las estructuras delictivas de la Región Caribe.

Sin embargo, los recientes hallazgos puestos a disposición de la justicia ponen de manifiesto las dificultades técnicas y operativas para restringir en su totalidad el ingreso de dispositivos de comunicación a los pabellones penitenciarios. Cada requisa efectuada en su celda ha derivado en la incautación de equipos telefónicos, tarjetas SIM y anotaciones con nombres y números de contacto de potenciales víctimas.

Frente a esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha dispuesto protocolos adicionales de aislamiento y vigilancia electrónica estrecha para evitar que el recluido mantenga contacto no autorizado con el exterior.

Nuevos cargos y respuesta institucional

Con la presentación de estas evidencias, la Fiscalía General de la Nación procederá con la imputación formal de nuevos cargos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir en concurso homogéneo y sucesivo. Estas acusaciones se sumarán a las penas que el procesado ya se encuentra cumpliendo.

Por su parte, los mandos policiales y las administraciones municipales del Atlántico reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana a través de las líneas institucionales del Gaula. Las autoridades señalaron que la articulación entre el sector comercial y la fuerza pública ha permitido desarticular diversos brazos financieros de ‘Los Costeños’ mediante capturas en flagrancia de los encargados del cobro de las extorsiones en vía pública.