Familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago, quienes perdieron la vida en uno de los recientes ataques llevados a cabo por Estados Unidos contra supuestas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe, han interpuesto una demanda contra la administración de Donald Trump. Acusan al gobierno estadounidense de negligencia, resultando en la muerte de las víctimas en lo que califican como ejecuciones extrajudiciales. La demanda, presentada a través de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se centra en el caso de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41. Ambos formaban parte de las seis víctimas fatales de un ataque realizado el 14 de octubre, en el contexto de la campaña antidrogas impulsada por Trump.

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo más de una treintena de ataques aéreos, resultando en la muerte de 116 personas, en su mayoría enfocándose en embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, cerca de las costas de Venezuela y Colombia. El ataque más reciente ocurrió el pasado viernes, donde un bote fue destruido, resultando en la muerte de dos individuos y la supervivencia de un tercero.

El ataque en cuestión tuvo lugar cuando Joseph y Samaroo regresaban a Trinidad y Tobago desde Venezuela, momento en el cual un misil impactó su embarcación. Lenore Burnley, madre de Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, han presentado sus demandas bajo dos leyes federales: la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite acciones legales por homicidio culposo en alta mar, y la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros, que faculta a ciudadanos extranjeros a demandar en tribunales estadounidenses por violaciones al derecho internacional.

En sus alegaciones, argumentan que los ataques fueron ilegales, afirmando que «estos asesinatos premeditados e intencionados violan tanto el derecho interno que prohíbe el asesinato como el derecho internacional que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales». Según los documentos presentados, Joseph viajaba frecuentemente a Venezuela para trabajar y mantener a su familia, mientras que Samaroo había estado empleado en una granja en Venezuela cuidando animales y produciendo queso. Dos días antes del ataque, ambos se comunicaron con sus familiares para informarles que habían conseguido un viaje de regreso.

Las demandas buscan una compensación económica por las muertes, sin solicitar una orden judicial para detener futuros ataques. Sin embargo, este caso podría abrir la puerta para que un tribunal evalúe la legalidad del ataque del 14 de octubre.

La administración Trump sostiene que sus ataques son dirigidos a grupos armados y se realizan dentro de las normas internacionales, aunque han sido objeto de críticas tanto de legisladores demócratas como de algunos republicanos, quienes no han autorizado tales acciones. Trump ha manifestado tener una «muy buena relación» con el gobierno venezolano, a pesar de la crítica situación política en el país.

Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, ha declarado que no acepta «órdenes de ningún factor externo», defendiendo la soberanía de su país frente a las amenazas provenientes de Estados Unidos.