Ollanta Humala, el exmandatario de Perú, enfrenta nuevas acusaciones que podrían resultar en una condena adicional de 35 años de prisión. Esto se debe a su presunta participación en delitos de asociación ilícita y lavado de activos relacionados con la irregular licitación del Gasoducto Sur Peruano, según informaron fuentes oficiales el miércoles (04.06.2025).

La solicitud fue presentada por el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, el cual ya había logrado que Humala fuera declarado culpable hace dos meses por recibir aportes irregulares para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

El Ministerio Público, a través de su cuenta en la red social X, también solicitó la misma pena de 35 años para Nadine Heredia, la esposa de Humala, quien ya había recibido anteriormente una condena a 15 años de cárcel por los mismos cargos, pero actualmente se encuentra asilada en Brasil.

Además, el equipo fiscal incluyó al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para quien se pide una condena de 29 años por los delitos de organización criminal y colusión agravada.

La acusación, formulada por la fiscal Geovanna Mori ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, señala que entre 2011 y 2015 se realizaron pagos ilícitos durante la ejecución del proyecto del Gasoducto Andino del Sur y en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.

Las investigaciones fiscales indican que en el proceso de contratación pública se favoreció a empresas brasileñas, como Odebrecht, además de empresas peruanas, a cambio de pagos ilícitos.

Humala fue encarcelado el 15 de abril en el penal de Barbadillo en Lima, conocido como la «cárcel de los presidentes», donde también están recluidos otros exjefes de Estado, como Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, tras aceptar contribuciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su esposa, al ser hallada culpable del mismo delito por dirigir esas campañas, se asiló en la Embajada de Brasil en Lima, donde le fue otorgado asilo por «razones humanitarias».