La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas cautelares sobre los activos de una empresa petrolera internacional, acusándola de haber financiado al Bloque Centauros. Las propiedades, cuya valoración supera los $41 mil millones, se destinarán a la compensación de las víctimas en Casanare.
**Imagen:** Captura de pantalla de redes sociales
A través de su Dirección de Justicia Transicional, la Fiscalía logró que se impusieran medidas de embargo, secuestro y suspensión de poder sobre dos oficinas que pertenecen a esta petrolera. La decisión fue emitida por un magistrado del Tribunal Superior en su Sala de Justicia y Paz. Las oficinas, situadas en un importante edificio del centro financiero de Bogotá, tienen un valor comercial estimado en $41.318.400.000, que equivale a cerca de 10 millones de dólares. Según la Fiscalía, los activos ya han sido asignados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con la intención de indemnizar a quienes han sufrido por la violencia paramilitar en la región de Casanare, logrando así un objetivo crucial en el proceso de reparación.
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### Evidencias Recopiladas
Las pruebas obtenidas sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de la empresa fueron determinantes. Con esta evidencia, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares, que fueron aprobadas por el Tribunal Superior de Bogotá tras su análisis. Estas acciones representan un avance significativo en la protección de bienes y activos en relación con la investigación.
En el contexto del proceso de Justicia y Paz, exmiembros del Bloque Centauros, como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, proporcionaron testimonios clave. En sus declaraciones, afirmaron que el grupo empresarial habría financiado sus actividades ilegales en Casanare entre 1997 y 2005. Según sus relatos, esta financiación se concretó a través de entregas de dinero, combustible, alimentos y transporte. A cambio, los paramilitares ofrecían «servicios de seguridad» en los pozos de extracción de petróleo, lo que aparentemente permitió a la empresa aumentar considerablemente su patrimonio durante este periodo de supuesta complicidad.
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Las investigaciones fueron llevadas a cabo por fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Este trabajo contó con el apoyo crucial del Grupo Investigativo de Jurisdicciones Especiales de la DIJIN, además de la colaboración del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales. Esta cooperación interinstitucional ha sido fundamental para el desarrollo y robustez de la investigación.
### #Actualidad 🚨 ⚖️ La @FiscaliaCol ha obtenido medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de una petrolera internacional 🛢️ que supuestamente financió las actividades ilegales del Bloque Centauros de las extintas AUC en Casanare. pic.twitter.com/xQUJ6Bq43I— Radio Nacional CO (@RadNalCo) July 8, 2025