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Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2025
Un nuevo y explosivo capítulo se abre en torno al mediático proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha tomado una decisión de alto calibre institucional: reasignar de manera especial la investigación contra la fiscal que lideraba el caso, Lucy Laborde, por graves acusaciones que incluyen la filtración de información reservada a la candidata presidencial Vicky Dávila y presunta obstrucción a la justicia.
Mediante una resolución firmada el pasado 11 de diciembre, la Fiscal General Camargo ha trasladado el expediente al actual coordinador de los fiscales delegados ante el Tribunal, dotándolo de un equipo sólido y multidisciplinario para abordar la complejidad de las denuncias. Esta movida no solo reconoce la seriedad de los cargos, sino que subraya la connotación nacional y el riesgo institucional que representa la conducta bajo sospecha.
La Doble Acusación: De la Filtración a la Obstrucción
La investigación contra la fiscal Lucy Laborde surge de dos fuentes principales: una denuncia directa presentada por el abogado de Nicolás Petro y una compulsa de copias emitida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya adelantaba procesos sensibles relacionados con la campaña presidencial.
Los hechos que configuran la investigación giran en torno a dos puntos críticos que ponen en tela de juicio la imparcialidad y la legalidad de las actuaciones de la fiscal Laborde:
1. La Sospecha de Filtración a Vicky Dávila
El primer y más resonante cargo se centra en la presunta revelación de la nueva imputación que la Fiscalía preparaba contra Nicolás Petro por el caso de los contratos en la Fundación Social (FUOSO).
Según la cronología revelada, la fiscal Lucy Laborde radicó la solicitud formal de imputación por seis delitos contra Nicolás Petro el 5 de septiembre de 2025. Lo anómalo ocurrió apenas un día después, el 6 de septiembre, cuando la entonces candidata presidencial y reconocida periodista Vicky Dávila informó públicamente sobre la existencia y el contenido de esta audiencia a través de su cuenta en la red social X.
La denuncia sostiene que, en ese momento, la información contenida en el formato de solicitud de imputación gozaba de reserva legal y solo podía ser de conocimiento interno de la Fiscalía. La filtración, de confirmarse, constituiría una violación grave del deber de reserva y pondría en entredicho la ética profesional de la fiscal.
2. Engaño al Tribunal y Obstrucción a la Comisión de Acusaciones
El segundo punto es de naturaleza aún más delicada, pues implica presunto abuso de función pública, obstrucción a la justicia y fraude procesal. Este cargo proviene directamente de la compulsa de copias de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Comisión investiga el proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2022. En medio de esta investigación, la Comisión ordenó una inspección judicial. Según las denuncias, el 18 de noviembre, la fiscal Lucy Laborde habría engañado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla con el objetivo de evitar o frustrar dicha inspección. La evasión de una orden judicial, en el marco de un proceso de tan alta connotación política, sugiere un intento deliberado de interferir en las investigaciones del órgano legislativo.
La Asignación Especial: Reconocimiento de la Gravedad
La decisión de la Fiscal General Camargo de asignar el caso de manera especial a un coordinador de alto nivel no es arbitraria; responde a una solicitud explícita del fiscal que inicialmente llevaba el proceso, el fiscal 35 delegado ante el Tribunal de Bogotá, José Manuel Martínez.
Martínez solicitó ser apartado del caso Laborde por dos motivos esenciales:
- Connotación Nacional y Complejidad: Alegó que el caso contra la fiscal Laborde es de «connotación nacional» y exige una capacidad investigativa que excede los recursos de su despacho ordinario.
- Requerimiento Técnico y Operativo: Argumentó que la investigación requiere un «equipo investigativo sólido y multidisciplinario» debido a la naturaleza de los delitos bajo sospecha: «presuntas filtraciones, patrones de persecución y manipulación mediática». Por ello, pidió que fuera reasignado a un despacho con mayor capacidad técnica y operativa.
La Fiscalía General, al acoger esta solicitud y asignarla al coordinador de fiscales ante el Tribunal, valida el argumento de la complejidad y la sensibilidad política del asunto. La investigación no solo determinará si hubo una violación a la reserva, sino que también examinará si existió un patrón de conducta destinado a influir en la percepción pública y manipular el curso de una investigación que toca las fibras más sensibles del poder político en el país.
Implicaciones Políticas y el Precedente Judicial
Este escándalo subraya la profunda crisis de confianza que envuelve a las altas esferas de la justicia colombiana. El proceso contra Nicolás Petro ha estado plagado de controversias, y ahora se le suma la investigación a la propia fiscal por presunta colusión con una figura política opositora y por intentar frustrar una inspección ligada a la investigación del presidente.
Si la investigación concluye que la fiscal Laborde efectivamente filtró información reservada a una candidata presidencial —una figura con claros intereses políticos en el caso—, se sentaría un precedente nefasto sobre la politización de la justicia y la utilización de información privilegiada como arma de campaña.
La Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo, enfrenta ahora el reto de llevar a cabo una investigación transparente, técnica y ajena a las presiones políticas. La integridad del caso Nicolás Petro y la confianza en la rama judicial del país dependen en gran medida de la pulcritud y la celeridad con la que se maneje este explosivo expediente contra la fiscal Laborde. La resolución final determinará no solo el futuro judicial de la funcionaria, sino también el clima de credibilidad en el sistema de justicia colombiano.