La fiscal del caso ha afirmado que hay suficientes pruebas para justificar la restricción de la libertad de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esto se hace con el objetivo de proteger a la comunidad, asegurar su presencia en el proceso judicial y prevenir la obstrucción de la justicia.

La Fiscalía General de la Nación ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento en un centro carcelario para González, quien está involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal delegada, María Cristina Patiño, presentó esta petición ante el Tribunal Superior de Bogotá, sustentando que existen pruebas suficientes para limitar su libertad.

González enfrenta cargos por tres delitos: cohecho por dar u ofrecer (artículo 407 del Código Penal), que conlleva una pena de 4 a 9 años; peculado por apropiación agravado a favor de terceros (artículo 397), con una pena de 8 a 33,75 años; y lavado de activos (artículo 323), con penas que oscilan entre 10 y 30 años. En total, la suma máxima de las penas podría alcanzar entre 72 y 75 años de prisión, aunque es el juez quien determinará la pena definitiva en caso de condena, tomando en cuenta la acumulación y los límites legales.

Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de director del DAPRE, Carlos Ramón González habría creado un esquema de sobornos que involucraba a los presidentes del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Inicialmente, González ofreció contratos de Gestión del Riesgo por un monto de 60 mil millones de pesos para Name y 10 mil millones para Calle, a cambio de apoyo legislativo. Sin embargo, ante la urgencia de los congresistas, esta oferta se convirtió en pagos en efectivo: 3 mil millones de pesos para Name y mil millones para Calle.

Estos fondos fueron conseguidos de manera ilícita a través de contratos manipulados dentro de la entidad, siguiendo las instrucciones de González, según la Fiscalía. Además, se alega que González actuó como determinador en el lavado de estos recursos, utilizando a la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, como intermediaria para transportar el dinero en vehículos oficiales.

La decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento queda ahora en manos del magistrado, mientras el proceso judicial sigue su curso.