(Imagen referencial, no real)

El anuncio de un nuevo protocolo de seguridad para las universidades públicas colombianas encendió el debate nacional en cuestión de horas. Durante una alocución presidencial la noche del domingo, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a las protestas registradas en distintos campus del país y adelantó que su Gobierno diseñará un mecanismo para distinguir entre la protesta legítima y los actos de violencia dentro de las instituciones de educación superior. El mandatario fue más allá al advertir que, de ser necesario, las autoridades ingresarán a las universidades para perseguir a quienes resulten señalados de cometer hechos violentos.

Qué dijo exactamente el presidente

De acuerdo con distintos medios colombianos que recogieron la alocución, De la Espriella planteó que la autonomía universitaria consagrada en la Constitución no puede confundirse con una autonomía en materia de orden público. Según reportó El Tiempo, el mandatario explicó que ha dado instrucciones para establecer un protocolo nacional que permita diferenciar cuándo se está ante un ejercicio legítimo de protesta y cuándo existen hechos que ameriten la intervención de las autoridades. El mismo medio precisó que la Policía Nacional será la primera institución encargada de actuar ante este tipo de situaciones dentro de los campus.

El Espectador, por su parte, destacó que el jefe de Estado fue enfático en señalar que, aunque respetará la autonomía de las universidades, no dudará en entrar a los campus para ubicar a quienes identifique como promotores de la violencia. En tanto, Pulzo reportó que el mandatario utilizó la expresión «terrorismo urbano» para referirse a los episodios más graves de disturbios que busca prevenir con esta medida.

Las reacciones no se hicieron esperar

Como suele ocurrir con anuncios de este tipo, la respuesta pública se dividió casi de inmediato. Un sector de la opinión pública y de sectores políticos afines al Gobierno respaldó la decisión, argumentando que la seguridad dentro de los campus y la protección de la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y personal administrativo— justifican una respuesta más firme frente a episodios de vandalismo o ataques contra la Fuerza Pública.

En la otra orilla, distintos sectores estudiantiles, académicos y organizaciones defensoras de la autonomía universitaria expresaron preocupación por el alcance de la medida. El principal temor gira en torno a que un protocolo de este tipo termine utilizándose no solo contra quienes cometen actos violentos, sino como una herramienta de presión o retaliación contra el movimiento estudiantil en su conjunto, especialmente en un contexto de protestas activas en varias universidades públicas del país. Medios internacionales como la radio de la Universidad de Chile calificaron la medida como una decisión que avanza «a pesar de la autonomía constitucional» que protege a estas instituciones.

El contexto detrás del anuncio

La alocución llegó apenas un mes después de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia, el pasado 7 de agosto, tras imponerse en la segunda vuelta electoral de 2026. Abogado y empresario de 48 años, De la Espriella es el fundador y líder del movimiento de derecha Defensores de la Patria, y llegó al poder tras derrotar al senador Iván Cepeda en las urnas, sucediendo en el cargo a Gustavo Petro.

Durante la misma intervención, el mandatario también se refirió a otros temas de su gestión, como la situación fiscal heredada de la administración anterior y un acuerdo con Chile para la homologación de competencias laborales de trabajadores colombianos, aunque fue el anuncio sobre las universidades el que concentró la mayor parte de la atención mediática y las reacciones en redes sociales.

Lo que viene: un protocolo aún en construcción

Por ahora, el Gobierno no ha publicado el texto completo del protocolo, aunque varios medios coincidieron en que sus detalles serán divulgados en el transcurso de la semana. Entre los puntos que se esperan precisar figuran los criterios exactos que definirán cuándo se considera que una protesta «degenera» en violencia, así como los mecanismos de coordinación entre las autoridades universitarias y la Policía Nacional durante ese tipo de intervenciones.

Mientras esos detalles se conocen, el debate sobre los límites entre la autonomía universitaria y el mantenimiento del orden público promete seguir dominando la conversación pública en Colombia, en un momento en que las protestas estudiantiles y la respuesta del nuevo Gobierno frente a ellas se perfilan como uno de los primeros grandes pulsos políticos de la administración De la Espriella.