El gobierno español ha implementado una prohibición sobre el tránsito de aviones y barcos estadounidenses que transporten armas, municiones o equipos bélicos hacia «Israel» a través de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). Esta medida ha sido confirmada por fuentes del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano y reportada por el diario El País. La restricción aplica tanto a los vehículos que se dirigen directamente a la entidad como a aquellos que realizan escalas intermedias.
A pesar de que las fuerzas estadounidenses operan en estas instalaciones, son de soberanía española y están bajo mando nacional, lo que significa que cualquier movimiento requiere la autorización del Gobierno. Sin embargo, las autoridades españolas admiten que no se realiza una inspección rutinaria de las cargas de aviones y barcos estadounidenses, lo que podría permitir desvíos encubiertos hacia «Israel» desde otras bases europeas.
Esta decisión se produce en el contexto de la reciente implementación de una ley de embargo de armas por parte de España hacia «Israel», que prohíbe la exportación e importación de armamento y tecnologías de doble uso, así como su tránsito a través del territorio español. La normativa también incluye la prohibición de importar productos de asentamientos israelíes y de hacer publicidad sobre los mismos, aunque contempla excepciones limitadas para ciertos tipos de combustible de aviación y medidas que protejan intereses nacionales.
Adicionalmente, el gobierno español ha anunciado que llevará a cabo una investigación sobre las empresas que publiciten en el país productos o servicios provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta medida surge tras la aprobación de un decreto que prohíbe la promoción de estos bienes y servicios en España, con el objetivo de evitar que empresas se beneficien de la ocupación, según un comunicado del Ministerio de Consumo.
El decreto es parte de un conjunto de medidas que incluye el embargo de armas a Israel, con el propósito de frenar lo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado como «genocidio en Gaza». El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ya había anunciado en julio que su departamento destinaría todos los recursos necesarios para asegurar que «ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino».
Por otro lado, la ONU publicó recientemente una actualización de la lista de empresas relacionadas con el desarrollo de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos, considerados ilegales según el derecho internacional, que incluye un total de 158 compañías de once países. Sin embargo, una de las empresas españolas mencionadas, la constructora ACS, solicitó rápidamente ser eliminada de la lista, ya que vendió en 2021 su subsidiaria SEMI, que operaba en Israel.