El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dictaminó este martes la validez de una situación de emergencia durante sesenta días en seis provincias y una ciudad para enfrentar la espiral de violencia desatada por las bandas criminales.

El decreto llama a un estado de grave malestar interno y conflicto armado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el poblado minero Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, en el sur. del país, donde las autoridades han establecido los niveles más altos de violencia criminal.

En Camilo Ponce Enríquez, el alcalde José Sánchez fue asesinado a tiros a mediados de abril, mientras que a principios de esta semana la policía informó el hallazgo de ocho cuerpos torturados y quemados en ese cantón, lo que inicialmente describieron como ajuste de cuentas por parte de grupos criminales.

La disposición limita la inviolabilidad de la residencia y la correspondencia, así como el derecho de libre asociación y reunión.

Esta es la tercera vez que Noboa decreta un estado de emergencia focalizado, aunque el 14 de junio, última vez que emitió un decreto de este tipo, la Corte Constitucional lo anuló, refiriéndose principalmente a la falta de motivación adecuada para la existencia de un estado de emergencia. emergencia. conflicto armado interno.

En esta nueva emergencia decretada el martes, Noboa explica la situación de malestar interno y conflicto armado interno en 44 páginas, en las que, entre otros argumentos, afirma que se han identificado grupos armados organizados «y la intensidad de sus actividades ilegales». territorio del Ecuador», el cual debe ser solucionado mediante acciones conjuntas de las fuerzas armadas y policiales.

Un comunicado de la presidencia señaló que con esta decisión el presidente Noboa fortalecerá las estrategias «para combatir el crimen organizado y el terrorismo, garantizando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de todo el país, especialmente en estos sectores».

Ecuador está sumido en un ambiente de inseguridad desde principios de 2021, con un aumento récord de homicidios que sitúan la tasa de muertes violentas a finales de 2023. en 40 por 100.000 habitantes, uno de los más altos del continente. El año pasado se cometieron más de 7.600 delitos. Las autoridades lo atribuyeron a la acción de grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

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