El Gobierno nacional ha presentado un ambicioso proyecto de ley destinado a reactivar la economía del país, buscando impulsar el crecimiento tras los efectos de la pandemia y un entorno global desfavorable. Esta iniciativa incluye una variedad de medidas tributarias, fiscales, sociales y ambientales, con el objetivo de aumentar la productividad, reducir las cargas financieras de hogares y empresas, fomentar la formalización y modernizar la administración pública.

Entre los beneficios fiscales propuestos, se destacan descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses por parte de la DIAN y la UGPP, así como la opción de negociar deudas tributarias con reducciones que pueden llegar hasta el 90%. También se ofrecerá una amnistía para multas de tránsito e impuestos vehiculares, con descuentos del 50% en el capital y del 100% en intereses para aquellos que asistan a cursos pedagógicos. Además, se habilitará la legalización voluntaria de capitales no declarados, con una tarifa que oscila entre el 10% y el 20%.

Para los ciudadanos más vulnerables, el proyecto establece que el Estado asumirá las deudas acumuladas por servicios de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3, usando un mecanismo de opción tarifaria. También se facilitará el acceso a créditos para la mejora de viviendas, sin necesidad de hipoteca, a través del Fondo Nacional del Ahorro.

En cuanto al fomento del turismo y el desarrollo regional, se propone la exención del IVA en servicios hoteleros en municipios con menos de 200,000 habitantes, así como la extensión de beneficios tributarios para los operadores turísticos hasta 2025. Asimismo, se contemplan inversiones en infraestructura, que incluyen la modernización del sistema ferroviario nacional, mejoras en aeropuertos regionales y la implementación de transporte masivo en ciudades intermedias como Neiva, Ibagué y Cúcuta.

El proyecto también aboga por la modernización del Estado. Se implementará el silencio administrativo positivo, lo que significa que si una entidad no responde en un plazo de 30 días, el trámite se considerará aprobado. Las micro, pequeñas y medianas empresas disfrutarán de tarifas reducidas en trámites públicos, y se reforzará la vigilancia sobre los tramitadores para combatir la corrupción. Además, se ampliarán los horarios de atención en entidades clave como la DIAN, el INVIMA y el ICA en puertos y fronteras.

En el ámbito ambiental, se fomentarán las energías limpias mediante exenciones del IVA a proyectos de energías renovables y eficiencia energética. También se impulsará el desarrollo del hidrógeno verde y azul, con capacitación técnica liderada por el SENA y la creación de zonas económicas especiales.

Finalmente, se propone una reducción del impuesto de renta al 30% y una tasa mínima de tributación del 20%. Para el sector de restaurantes, se establecerá una tarifa escalonada de impoconsumo: 4% en 2025, 5% en 2026 y 6% a partir de 2027.