La senadora Aída Avella, representante del Pacto Histórico, defendió la reciente versión del proyecto de ley de paz total que el Ministerio de Justicia ha presentado al Congreso de la República. Según la congresista, esta propuesta representa una alternativa a la violencia que ha caracterizado los esfuerzos de pacificación en Colombia a lo largo de la historia. «Nos esforzaremos al máximo para que la paz que se ha intentado establecer a través de la fuerza y la represión, que no ha dado frutos durante tantos años, se logre de una manera diferente», manifestó.

El Gobierno nacional ha presentado esta iniciativa por tercera vez y la ha radicado con carácter urgente, lo que acelera su proceso legislativo. Sus promotores argumentan que busca consolidar procesos de paz en áreas urbanas, con un enfoque territorial que atienda a los jóvenes de comunidades populares que están involucrados con grupos armados ilegales.

La senadora Avella subrayó que el proyecto debe verse como un mecanismo transformador que desafíe la política de encarcelamiento y represión, y que verdaderamente escuche las necesidades de las comunidades afectadas por la violencia. Por su parte, el senador León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, también brindó su apoyo a la propuesta, afirmando que hay un clamor social desde los barrios populares que respalda esta iniciativa. «La comunidad está cansada de la sangre en las calles. La gente anhela la paz urbana; no podemos como políticos fallar a ese sueño», señaló.

Muñoz advirtió que las resistencias a la iniciativa provienen de sectores políticos que históricamente se han beneficiado de la violencia y que temen perder poder con la paz. En su discurso, criticó a quienes acusan al Gobierno de utilizar el proyecto con fines electorales, enfatizando que «hablamos de salvar vidas, no de réditos políticos. Esto es un compromiso con el país».

Además, cuestionó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su oposición al proyecto y lo acusó de encubrir hechos de violencia en la Comuna 13 y la Escombrera. Desde la oposición, algunos legisladores ven el proyecto como una posible puerta de entrada a acuerdos con organizaciones delictivas sin garantías de justicia. Sin embargo, el Gobierno mantiene que la paz total es una política de Estado, que se construirá en colaboración con las comunidades y el Congreso.