El departamento del Guaviare, históricamente marcado por la complejidad de su geografía y la persistencia de actores armados, se ha convertido en los últimos días en el epicentro de una confrontación fratricida que redefine el mapa del conflicto en el sur de Colombia. Los recientes y violentos choques armados entre distintas estructuras de las disidencias de las Farc no solo representan un desafío a la seguridad nacional, sino que evidencian una ruptura profunda y violenta dentro de lo que alguna vez se conoció como el Estado Mayor Central (EMC). Según reportes oficiales y testimonios provenientes de la zona rural del municipio de El Retorno, específicamente en inmediaciones de la vereda Kuwait y el sector conocido como La Paz, el saldo de estas confrontaciones ha escalado a cifras que superan las treinta víctimas mortales, la mayoría de ellas combatientes de las propias organizaciones ilegales involucradas en la disputa.
​La génesis de esta escalada bélica reside en la ruptura de la unidad de mando entre las facciones lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco», y Alexander Díaz, alias «Calarcá». Lo que en años anteriores funcionaba como una estructura coordinada de control territorial, ha mutado en una guerra abierta por la hegemonía de rutas estratégicas. La inteligencia militar ha identificado que el enfrentamiento se produjo entre la unidad «Martín Villa», leal a la línea de Mordisco, y el frente «Isaías Carvajal», adscrito al bloque bajo el mando de Calarcá. El objetivo en disputa no es otro que el control de los corredores fluviales y selváticos que conectan al Guaviare con los departamentos de Guainía y Caquetá, pasos vitales para el tránsito de economías ilícitas que financian el sostenimiento de estos ejércitos irregulares.
​El impacto visual y social de la masacre ha sido devastador. Imágenes y videos que circulan de manera extraoficial muestran los cuerpos de numerosos hombres vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, tendidos sobre las vías sin pavimentar que comunican los corregimientos de la zona. Entre los fallecidos, se investiga la caída de figuras de relevancia dentro de las subestructuras, como es el caso de alias «Gerson Ramírez» y alias «Jimmy Parra», quienes desempeñaban funciones de mando local para la facción de Iván Mordisco. La pérdida de estos cabecillas supone un golpe táctico significativo, pero también garantiza una respuesta recíproca que amenaza con perpetuar el ciclo de venganzas y violencia en el corto plazo.
​Ante esta situación, el Viceministerio de Diálogo Social ha emitido un fuerte pronunciamiento de rechazo, calificando estos actos como una traición a las aspiraciones de paz del pueblo colombiano. El Gobierno Nacional ha enfatizado que estas organizaciones han abandonado cualquier pretensión de lucha política para convertirse en estructuras netamente vinculadas al narcotráfico y la criminalidad transnacional. La retórica oficial ha endurecido su tono, señalando que los grupos en disputa actúan como mercenarios al servicio de intereses ilegales internacionales, ignorando los llamados al cese al fuego y a la protección de los derechos humanos. Este rechazo institucional se acompaña de una advertencia clara: la legitimidad de cualquier proceso de negociación política se ve gravemente comprometida cuando la población civil queda atrapada en medio de combates de tal magnitud.
​La población civil de El Retorno y las veredas aledañas se encuentra en un estado de confinamiento de facto. El temor a la presencia de artefactos explosivos improvisados y al quedar en el fuego cruzado ha paralizado las actividades agrícolas y comerciales de la región. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han activado alertas tempranas ante el riesgo inminente de desplazamientos forzados masivos. Existe una preocupación creciente por la posible instrumentalización de los campesinos como escudos humanos por parte de los grupos en combate, una táctica que ha sido denunciada en episodios previos de conflicto en la Amazonía colombiana. La fragilidad de las comunidades rurales en estas zonas de frontera es absoluta, y la ausencia de servicios estatales básicos hace que la presencia de los fusiles sea, a menudo, la única ley que conocen.
​En respuesta a la emergencia, las Fuerzas Militares han desplegado la Brigada 22 de la Cuarta División, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y unidades de inteligencia de la Armada Nacional. La prioridad del despliegue militar es el restablecimiento del orden público y la protección de los habitantes, pero el terreno presenta desafíos tácticos inmensos. La densa selva y la red de caños fluviales permiten que los grupos disidentes se replieguen y reorganicen con relativa facilidad. Además, la instalación de Puestos de Mando Unificados (PMU) busca coordinar la llegada de asistencia humanitaria y la verificación de los hechos por parte de la Fiscalía General de la Nación, cuya labor de levantamiento de cuerpos e identificación de víctimas ha sido demorada por la persistencia de los hostigamientos armados en las zonas periféricas.
​El conflicto en el Guaviare es también un síntoma de la reconfiguración del crimen organizado en el país. Tras la fragmentación del EMC, el vacío de poder ha desatado una competencia feroz donde la lealtad se ha diluido frente al lucro económico. Las rutas que hoy son escenario de guerra son las mismas que durante décadas han servido para la salida de pasta base de coca y la entrada de insumos químicos y armamento. La geografía del Guaviare, que sirve de bisagra entre el centro del país y la profundidad amazónica, lo convierte en un trofeo codiciado por cualquier actor armado que aspire a mantener una estructura financiera robusta. Esta «guerra de exportación» pone en evidencia que, mientras existan economías ilícitas boyantes, la paz territorial seguirá siendo una meta esquiva.
​La comunidad internacional, por su parte, observa con preocupación este retroceso en las condiciones de seguridad en regiones que se consideraban prioritarias para los planes de desarrollo con enfoque territorial. Agencias humanitarias han solicitado garantías para ingresar a las veredas afectadas y brindar atención psicológica y alimentaria a las familias que llevan días refugiadas en sus viviendas. La crisis educativa también se ha agravado, con el cierre preventivo de las pocas escuelas rurales que operan en la zona de El Retorno, dejando a los niños en un estado de vulnerabilidad aún mayor frente al reclutamiento forzado.
​En conclusión, los enfrentamientos en Guaviare marcan un punto de inflexión en la gestión del orden público para el año 2026. La masacre de combatientes y la caída de mandos medios no solo debilita a las estructuras ilegales, sino que radicaliza sus posiciones frente al Estado y sus rivales. La solución a este conflicto requiere más que una respuesta militar; exige una presencia estatal que sea capaz de sustituir las economías de guerra por alternativas legales sostenibles y de garantizar que la justicia llegue a los territorios más remotos del país. Mientras tanto, el departamento del Guaviare continúa siendo el triste escenario de una guerra entre antiguos aliados, donde la sangre derramada y el silencio de las comunidades rurales son el testimonio de un conflicto que se niega a desaparecer de la selva colombiana.