El Pacto Histórico, a través de sus congresistas, envió el 3 de julio de 2025 una solicitud al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para investigar a los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez. Esta petición se basa en acusaciones de injerencia en la política colombiana. En la carta, firmada por 30 parlamentarios, se señala que Díaz-Balart y Gimenez habrían realizado reuniones en Washington con el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, con el fin de trazar estrategias que ponen en peligro la integridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, se menciona que Salazar ha realizado declaraciones que, si se confirman, podrían considerarse como intentos de deslegitimar al presidente Petro y su administración, que fue electa democráticamente. Los congresistas argumentan que estas acciones violan los principios de no intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las normas éticas que rigen el comportamiento parlamentario.

La carta hace referencia específicamente al artículo 19 de la Carta de la OEA, que establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Desde el Pacto Histórico, se exige una investigación formal y sanciones para los legisladores mencionados por sus supuestas acciones injerencistas en Colombia.

La controversia se intensificó tras la divulgación de audios de Álvaro Leyva, donde se sugiere un posible golpe de Estado contra el presidente Petro. Leyva, en sus grabaciones, menciona la necesidad de un «gran acuerdo nacional» para resolver la crisis de orden público, lo que ha generado alarma sobre la posibilidad de un complot para derrocar al mandatario colombiano. La vicepresidenta, Francia Márquez, se ha distanciado de las declaraciones de Leyva, pidiendo investigaciones para esclarecer la situación.

La respuesta del gobierno colombiano ha sido firme, defendiendo la soberanía y la democracia del país. Organizaciones civiles y partidos políticos han exigido una respuesta contundente ante lo que consideran una intervención externa en los asuntos internos de Colombia. Asimismo, se han reavivado críticas a los comentarios de los congresistas republicanos hacia el presidente Petro, que muchos consideran como ataques a la dignidad presidencial.

Carlos Gimenez, por ejemplo, ha utilizado un lenguaje agresivo al referirse a Petro, llamándolo «matón narcoterrorista socialista». Salazar, por su parte, ha cuestionado la legitimidad del gobierno colombiano en múltiples ocasiones, insinuando que su política exterior pone en riesgo la soberanía del país.

El respaldo de Salazar a figuras como Vicky Dávila, periodista crítica del gobierno Petro, ha generado dudas sobre la naturaleza de sus vínculos con los involucrados en esta controversia. Las declaraciones y acciones de los congresistas estadounidenses son vistas como intentos de socavar la estabilidad democrática en Colombia, lo que podría constituir una forma de injerencia política internacional, contraria a los principios de autodeterminación de los pueblos.