El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, cuya imagen ha sido capturada en archivo, ha estado en el centro de la controversia en relación con una orden de captura emitida contra el exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la fiscal general Luz Adriana Camargo, ambos implicados en una investigación por supuesta corrupción. Este martes (03.06.2025), el presidente colombiano Gustavo Petro criticó abiertamente a la fiscalía guatemalteca, señalando que su actuación está cuestionada.
El lunes, un tribunal guatemalteco ordenó la detención de Velásquez y Camargo, quienes anteriormente formaron parte de la Comisión Antimafias de la ONU en Guatemala. Según las acusaciones, estos funcionarios habrían incurrido en actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. Petro, a través de la red X, comparó a la fiscalía guatemalteca con otras instituciones en la región, afirmando que «obedecen al crimen y no a la ciudadanía». Además, advirtió sobre el intento de las multinacionales del narcotráfico de influir en los sistemas judiciales y gobiernos para operar con impunidad.
No es la primera vez que Petro defiende a Velásquez, quien ya había enfrentado acusaciones en Guatemala hace un par de años. Velásquez, que fue jefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de 2013 a 2019, y Camargo, que se desempeñó como jefa de investigación en la misma entidad entre 2014 y 2017, son considerados inmunes debido a su trabajo con la ONU. En una rueda de prensa, Camargo describió la orden de arresto como un «contraataque sin precedentes» contra los servidores de la CICIG, subrayando que carece de fundamento legal y representa un riesgo para la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Por su parte, Curruchiche, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción, afirmó que los colombianos habrían cometido «delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión». Velásquez, quien está próximo a asumir el cargo de embajador en el Vaticano, rechazó las acusaciones y expresó su «solidaridad» con los muchos guatemaltecos que, según él, han sido forzados al exilio por la fiscalía.