El gobierno nacional publicó un informe que encontró errores en la gestión de recursos y datos de las EPS. El estudio fue realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cooperación con la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguro Social en Salud (ADRES).

El ejercicio de benchmark para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago Unitario (UPC) se realizó en noviembre de 2024. Según las organizaciones, dicho análisis encontró importantes inconsistencias en los datos reportados por las Organizaciones de Promoción de la Salud (EPS). lo que afectará gravemente a la sostenibilidad y transparencia del sistema sanitario.

Según el informe hecho público, se reportaron los siguientes hallazgos: “un aumento desproporcionado en las frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria mostró un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron aumentos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).

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Estos aumentos contrastan con la capacidad instalada prácticamente sin cambios en el mismo período, como lo muestran los datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos de cabecera y un aumento del 3,1%. 6% en la capacidad de los consultorios de medicina general.»

Según el informe, entre 2022 y 2023 se registró un aumento significativo del 53% en la frecuencia de los servicios de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, este aumento es significativamente mayor que el aumento anual promedio de la incidencia de cáncer en el país, que es del 4%. Esta discrepancia expone inconsistencias en los datos reportados y genera dudas sobre la exactitud de los informes presentados por las organizaciones de promoción de la salud (EPS).

El informe también reportó 23.410 casos de atención humana registrados como fallecidos en la Base de Datos Unificada de Afiliados (BDUA), generando un gasto de 79.838 millones de pesos.

En cuanto a los medicamentos, se dio a conocer que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no estaban relacionados con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Según el estudio, las irregularidades encontradas representan un costo total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superan los precios máximos regulados, generando un costo adicional al sistema de 138 mil millones de pesos.

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El informe también reveló una falta de validación de los datos reportados en los procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron los puntos de referencia establecidos hasta en un 1.200%, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS. Además, se encontraron irregularidades en la validación de los datos reportados para procedimientos médicos, superando los precios pagados los valores de referencia establecidos hasta en un 1.200% en algunos casos.

Conclusiones

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Salud enfatizó la necesidad de crear una metodología más robusta para el cálculo de la UPC, así como realizar una depuración rigurosa de los datos reportados por las Organizaciones de Promoción de la Salud (EPS), identificar y corregir inconsistencias, y validar los información contra bases de datos externas como el Registro Individual para la Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

También se mencionó el fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares, lo que permitiría ahorros importantes en tratamientos costosos. Una revisión de las prácticas de contratación y fijación de precios para evitar distorsiones en los costos reportados y garantizar la transparencia en la gestión de recursos y la priorización de las necesidades reales de la población.