Los megaproyectos Vía al Llano y Mulaló-Loboguerrero, bajo la concesión de Sarmiento Angulo, están marcados por retrasos y sobrecostos, sin que se registren avances debido a licencias pendientes y una gestión de riesgos deficiente.

**Foto: Concesión Santa Marta Paraguachón S.A**

A diez años de la firma de los contratos, dos de las obras de infraestructura más ambiciosas del país —la vía Mulaló-Loboguerrero y el puente Chirajara— se encuentran envueltas en fracasos, tragedias y una alarmante falta de rendición de cuentas. Ambas están bajo la gestión de concesionarios vinculados al poderoso empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

**Vía Mulaló-Loboguerrero: 2.2 billones sin avances concretos**

El contrato para la vía 4G Mulaló-Loboguerrero, firmado en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, prometía reducir el tiempo de viaje entre el centro del país y el puerto de Buenaventura en hasta una hora. Sin embargo, a pesar de contar con más de 2.2 billones de pesos asignados y una concesión a cargo del Grupo Covimar —asociado a Sarmiento Angulo—, no se ha construido ni un solo metro de carretera.

Las causas son múltiples: la falta de licencia ambiental durante seis años, denuncias de las comunidades de Las Pavas por la afectación a nacimientos de agua, y un conflicto legal entre el contratista y el Estado colombiano. El grupo empresarial reclama casi un billón de pesos como compensación, alegando pérdidas por un proyecto que nunca se llevó a cabo. La ministra de Transporte, María Fernanda Mantilla, denunció que “hay maniobras para dilatar los procesos jurídicos y perjudicar al Estado” en el programa Señal Investigativa.

**Las comunidades afectadas y silenciadas**

Los campesinos del Valle del Cauca han luchado durante años para proteger sus fuentes de agua. El trazado original de la vía impacta directamente el acceso al agua de las comunidades, un hecho que fue ignorado durante el proceso de licenciamiento ambiental aprobado en 2021, durante el mandato de Iván Duque. El documento base para esta licencia, que data de la administración de Álvaro Uribe, no consideró la existencia de nacimientos de agua en la zona. Actualmente, el Gobierno está evaluando la validez de dicha licencia y la posibilidad de modificar el trazado.

**Chirajara: una tragedia sin justicia**

La otra obra fallida es el puente Chirajara, en la vía al Llano. En enero de 2018, una falla estructural provocó su colapso antes de ser inaugurado, resultando en la muerte de nueve obreros. A pesar de la gravedad de la tragedia, no se han identificado responsables penales ni se han realizado reparaciones integrales a las víctimas. El puente fue reconstruido a un costo aún mayor y se entregó a finales de 2023, pero sigue sin estar operativo debido a la falta de trámites y condiciones técnicas adecuadas.

**¿Quién asume la responsabilidad por los sobrecostos?**

Ambas obras representan una herida abierta en la infraestructura colombiana, con más de 2.8 billones de pesos comprometidos, comunidades perjudicadas, vidas perdidas y cero avances significativos. Mientras tanto, los procesos judiciales avanzan a paso lento y el contratista —que ya perdió un primer laudo— continúa exigiendo compensaciones millonarias. “Estas dos obras deberían ser emblemas de conectividad, pero hoy son símbolos de ineficiencia y posibles abusos contractuales”, concluyó Edinson Bolaños, director de la Revista Raya.