Diez alcaldes de oposición fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, según el sitio web de la autoridad electoral de Venezuela, que no proporcionó más detalles.
“Este elector tiene prohibido ejercer un cargo o función pública de conformidad con lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales vigentes”, aparece en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando se ingresa uno de los números de cédula de cada alcalde. .
Los ocho alcaldes del estado Trujillo, en el suroeste de Venezuela, son: Heriberto Tapia (municipio de Motatán), José Carrillo (municipio de Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio de Campo Elías), Caver Peña (municipio de Sucre), Servando Godoy (municipio de Marques Canizales), Wilmer Delgado (municipio de Monte Carmelo), Yohanti Domínguez (municipio de Caracas) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello).
También fueron inhabilitados los alcaldes del estado Nueva Esparta, al norte del país, Iraima Vásquez (municipio de Tubores) y José María Fermín (municipio de Villalba).
El sistema de la Contraloría General de la República (CGR) envía un mensaje indicando que los alcaldes quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por 15 años.
“¿No me tienen miedo? Qué manera de conocer una solución que no ha pasado por ninguno de los canales habituales. “¡Asqueroso!”, escribió el alcalde Heriberto Tapia de Motatán junto con una captura de pantalla de la publicación del CNE.
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien sostuvo la semana pasada una reunión con ocho de los alcaldes inhabilitados, aseguró que la medida se tomó para apoyar su candidatura.
«Nuestro apoyo a los 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta que fueron injustamente descalificados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará decididamente este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”, escribió el miércoles en su cuenta X.
La líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias presidenciales pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, condenó los «abusos» y afirmó que el gobierno se equivocó al creer que intimidaría a los alcaldes.
“Entiendan: ESTO YA HA CAMBIADO. Los alcaldes (de todos los partidos) lo saben. Quien se oponga a este movimiento popular será efectivamente descalificado por el pueblo”, reaccionó en su cuenta X.
La inhabilitación política es una sanción contra los funcionarios gubernamentales que cometen irregularidades en su gestión y les impide desempeñar cargos públicos por un período determinado por las autoridades. En Venezuela, son vistas como una maniobra del gobierno para «eliminar» a los políticos de oposición o a los disidentes chavistas que buscan cargos electos.
Varias inhabilitaciones, incluida la de Machado, fueron administrativas, a través de la CGR, y cuestionadas por no haber sido otorgadas mediante un proceso judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las inhabilitaciones administrativas, afirmando que la inhabilitación sólo puede llevarse a cabo mediante sentencia de un juez, con garantías del debido proceso.
en abril, cuatro políticos de la oposición venezolanaincluidos dos alcaldes en ejercicio y candidatos potenciales para las elecciones regionales y municipales del próximo año, fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante entre 12 meses y 15 años.
Machado, que se encuentra de gira por Venezuela haciendo campaña por Edmundo González, denunció recientemente una nueva «ola de represión» contra la oposición tras la detención de cuatro dirigentes y miembros de equipos de prensa de partidos políticos.
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