Tres de las principales organizaciones sociales en Argentina que dirigen parte de la asistencia social a los sectores más vulnerables Están en el proceso de investigar la justicia federal para la supuesta extorsión de beneficiarios para obligarlos a participar en protestas callejeras en caso de detalles que se anunciaron el lunes.

La investigación ha sido promovida por el gobierno del presidente Javier Miley, las quejas recibidas en una línea telefónica gratuita activadas el 19 de diciembre pasado, solo un día antes de la primera. Movilizar organizaciones sociales Contra la política de corrección lanzada por el presidente.

La investigación fue conocida el lunes por una declaración publicada por la Presidencia Argentina, después de que el fiscal federal en el caso Gerardo Polica ordenó 27 redadas dentro del caso. Mientras que la resolución penal y correctiva federal que aprueba los procedimientos también dio detalles de la investigación.

Alrededor de treinta líderes de las organizaciones de la izquierda Polo Obrero, los movimientos de los vecindarios y las organizaciones en la pelea fueron acusados ​​de presuntamente «obligados a los beneficiarios de los planes sociales, su participación en marchas y manifestaciones públicas, y/o proporcionar algunos de El dinero según la advertencia en algunos casos de la «liberación del plan (subsidio)», formando un total de 924 casos, según la opinión de ese tribunal.

Las organizaciones sociales se han negado a comentar sobre la investigación judicial y convocaron una conferencia de prensa para gobernar este criminalizador avanzado, según un comunicado.

«El chantaje tiene consecuencias», dijo la ministra de seguridad, Patricia Bulrich, en la red social X. «Esta es la primera vez en la historia donde las organizaciones que chantajan a las personas son atacadas para ir a las marchas. Toda esta es la información que tenemos Recibido en la línea 134 … Esto terminó para aprovechar a las personas para financiar sus negocios falsos.

Estas organizaciones han surgido en medio de la crisis económica de 2001, causando un 20 % de desempleo y llevaron al 50 % de los argentinos a la pobreza.

Con una fuerte presencia en los barrios vulnerables, estos grupos se convirtieron rápidamente en intermediarios de las autoridades nacionales en servicio de distribuir asistencia social. Su influencia de la influencia aumenta en la izquierda central de los gobiernos de Nestor Kirchner (2003-2007); Christina Kirchner (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023) cuando se implementaron varios tipos de programas de atención.

Con una pobreza estructural, que varía del 30 % al 40 % para múltiples crisis económicas, las organizaciones sociales han desarrollado un gran poder movilizado para bloquear el acceso y las principales rutas de la capital argentina. Además, tienen bajo su control Cientos de comedores populares en todo el país donde se alimentan miles de personas.

El último informe oficial correspondiente al segundo semestre de 2023 se da cuenta de que el número de personas pobres alcanza el 42 % de la población argentina, aunque los estudios privados estiman que esta cifra ha aumentado a casi el 60 % como consecuencias de las consecuencias de la Políticas de corrección y desregulación de la economía aplicada por Milei.

Poco después de aceptar el gobierno, Miley detuvo el pago de subsidios a miles de personas por incompatibilidad para acceder a la compensación e intentó limitar el impacto de las organizaciones sociales redirigiendo los alimentos a los comedores y firmando acuerdos con otros intermediarios, como organizaciones religiosas.

La investigación judicial también ha determinado que los recursos gastronómicos se han «desviado», que la comida entregada por el estado «lo ha vendido y administrado de los niveles de compromiso con las personas que los obligan a participar políticamente», según la declaración oficial. «Las pruebas también concluyen que las personas que no pueden ir (protestas) deben probarlo con certificados médicos».

Esta operación fue declarada «por la grabación de conversaciones realizadas a través de la aplicación» WhatsApp «, proporcionada como evidencia en el marco del testimonio recibido al comienzo de la investigación», dijo la Cámara Penal y Correccional Federal en una decisión en la que confirma Las medidas organizadas por el fiscal Pollicita.

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