El régimen de Augusto Pinochet en Chile, que se extendió desde 1973 hasta 1990, dejó una profunda huella en la historia del país. Recientemente, la justicia chilena ha ordenado a los herederos del dictador, quien falleció en 2006, restituir 16 millones de dólares al Estado. Esta suma corresponde a fondos que fueron obtenidos de manera ilícita a través de la «sustracción de caudales públicos» durante su mandato.

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago aceptó la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que busca recuperar el dinero malversado que aún no había sido confiscado. Según el fallo, estos fondos provienen de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Armadas. La demanda se originó en octubre de 2018, tras una investigación de la Corte Suprema que reveló numerosas cuentas bancarias secretas utilizadas por Pinochet y su círculo cercano para ocultar capital de origen ilegal, conocido como el caso Riggs.

El presidente del CDE, Raúl Letelier, destacó que esta resolución judicial es parte de un esfuerzo más amplio para reparar los daños causados por la corrupción y la malversación de fondos públicos durante la dictadura de Pinochet. Entre los herederos involucrados se encuentra la fallecida esposa del dictador, Lucía Hiriart, y otros 15 miembros de su familia.

El tribunal también rechazó los argumentos de la defensa sobre la prescripción de la deuda, aunque dado que se trata de una decisión de primera instancia, los herederos tienen la opción de apelar ante la Corte de Apelaciones y, potencialmente, ante la Corte Suprema.

A pesar de haber sido procesado en 2005 por el caso Riggs y haber estado bajo arresto domiciliario por un corto período, Pinochet no fue condenado antes de su muerte. Además, nunca enfrentó juicio por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo su régimen, que resultaron en más de 3.200 opositores asesinados y 1.469 desaparecidos.

(CP – efe, La Cuarta, Diario UChile)