A través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro anunció que él, su esposa Verónica Alcocer y sus hijos han sido incluidos en la Lista Clinton, una herramienta de sanciones financieras gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En su mensaje, Petro también indicó que su defensa será llevada a cabo por el abogado estadounidense Dany Kovalik. La inclusión fue confirmada por la OFAC este 24 de octubre. Además de la familia presidencial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también figura en la lista.

«Cumplió la amenaza de Bernie Moreno; mi esposa, mis hijos y yo estamos ahora en la lista OFAC. Mi defensa estará a cargo de Dany Kovalik de EE. UU.», compartió Petro. El presidente añadió que su extensa lucha contra el narcotráfico ha llevado a esta medida del gobierno estadounidense: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener el consumo de cocaína. Es una paradoja, pero no retrocederemos ni estaremos de rodillas”.

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**¿Qué implica estar en la Lista Clinton?**

La Lista Clinton, oficialmente denominada lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), fue establecida en 1995 bajo el mandato de Bill Clinton como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico a nivel internacional. Con el tiempo, su alcance se ha ampliado, permitiendo sanciones contra individuos y entidades relacionadas con lavado de activos, corrupción, terrorismo y otras actividades de alto riesgo.

Estar en esta lista conlleva el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de EE. UU., así como un aislamiento financiero que puede extenderse a nivel global. En la práctica, muchas instituciones financieras internacionales limitan su relación con los sancionados por temor a posibles represalias del Tesoro de EE. UU.

En Colombia, la inclusión en esta lista ha tenido repercusiones graves para empresas y personas, incluso sin condenas judiciales. En el caso de Petro, la sanción se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, que ha criticado abiertamente la política antidrogas colombiana y ha llegado a amenazar con una posible intervención militar para perseguir objetivos considerados prioritarios por la Casa Blanca.

**Una medida que tensa la soberanía y la cooperación bilateral**

La inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton no solo tiene consecuencias personales y financieras, sino que también plantea un desafío institucional para Colombia. Sin embargo, analistas advierten que esta medida podría afectar la cooperación bilateral en áreas clave como seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico.

Desde el gobierno colombiano, la sanción es vista como una acción política que ignora los esfuerzos del país en la lucha contra las drogas, incluyendo la lucha personal del presidente, que ha implicado riesgos significativos para su integridad y la de su familia. Petro ha defendido un enfoque alternativo, centrado en la prevención, el desarrollo rural y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Esta postura ha sido criticada por sectores de extrema derecha en Estados Unidos y Colombia, que abogan por mantener una estrategia punitiva, a pesar del consenso entre los expertos de que la «Guerra contra las Drogas» ha fracasado, dejando un saldo de un millón de víctimas en América Latina y un aumento en los cultivos a la par que la demanda en EE. UU. y Europa continúa en ascenso.

La inclusión de un presidente en funciones en la Lista Clinton es un hecho sin precedentes en América Latina. Más allá de sus efectos inmediatos, esta sanción no se basa en un fallo judicial o en hechos comprobados, sino en una decisión administrativa que responde a criterios políticos, reflejando la deficiente política exterior de Trump, ampliamente criticada en el ámbito nacional.

El presidente ha dejado claro su postura: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”. Con esto, reafirma la dignidad de un gobierno que defiende su soberanía y su modelo de transformación social.