La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro, así como de otros involucrados en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre por la Corte Suprema por su intento de golpe de Estado. Con un resultado de 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, los diputados han respaldado una medida que ahora pasará al Senado y podría beneficiar al exmandatario.

El proyecto de ley prevé que las penas por dos de los crímenes por los cuales fue condenado Bolsonaro—intento de abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado—no se acumulen. Esto significa que solo se aplicaría la pena más severa, que en el caso del golpe de Estado puede ser de hasta 12 años de cárcel, mientras que la pena por intento de abolición violenta es de hasta ocho años.

Asimismo, se propone reducir las penas de un tercio a dos tercios cuando los delitos golpistas se cometen por una «multitud», como ocurrió durante el asalto a los edificios del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023. El proyecto también facilitaría la transición de los condenados de un régimen cerrado a uno semiabierto después de cumplir al menos una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si hubo violencia. Según el autor del proyecto, el diputado Paulo Pereira da Silva, esto permitiría a Bolsonaro salir del régimen cerrado en poco más de dos años.

Entre los posibles beneficiarios de este proyecto se incluyen altos mandos militares y exministros que apoyaron a Bolsonaro en sus intentos por mantenerse en el poder tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva. Pereira ha calificado la iniciativa como un esfuerzo de «reconciliación» que busca «corregir excesos» en las penas impuestas, aunque ha afirmado que no se busca evitar la responsabilidad.

Por otro lado, un intento inicial del Partido Liberal de Bolsonaro de buscar una amnistía total fue rechazado por la mayoría, incluso por algunos partidos de derecha. El líder de los diputados ultras, Sóstenes Cavalcante, reconoció que el texto aprobado era lo «posible» y que contaba con el apoyo del expresidente. Desde el bolsonarismo se niega que haya habido un intento de golpe y se considera que el asalto del 8 de enero fue un acto de vandalismo.

La sesión de debates fue marcada por momentos de tensión, incluyendo empujones entre diputados y miembros de seguridad legislativa. Un diputado de izquierda ocupó la silla de la presidencia en señal de protesta y fue retirado a la fuerza, mientras que se expulsó a los medios de comunicación de la sala.