La Fiscalía General de la Nación ha abierto una indagación preliminar que coloca bajo la lupa cuatro bombardeos recientes llevados a cabo por las Fuerzas Militares de Colombia contra las disidencias de las Farc. El detonante de esta investigación es el reporte oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal, que confirmó la trágica cifra de 15 menores de edad fallecidos en el marco de estas operaciones. La apertura de la noticia criminal no solo busca esclarecer las circunstancias de estas muertes, sino también determinar si se incurrió en posibles fallas en los protocolos de las operaciones militares, con especial atención a los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El Contexto de las Operaciones y las Víctimas
Los operativos militares en cuestión se desarrollaron entre los meses de agosto y octubre en cuatro departamentos de significativa presencia de grupos armados ilegales: Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare. Aunque las operaciones estaban dirigidas a neutralizar a miembros de las disidencias de las Farc, la identificación posterior de los cuerpos por parte de Medicina Legal arrojó el devastador saldo de 15 víctimas que no habían alcanzado la mayoría de edad.
Inicialmente, las cifras sobre los menores de edad muertos fueron motivo de controversia, con reportes que variaban. Sin embargo, la institución forense ha zanjado la discusión, confirmando el número que ahora constituye el eje central de la indagación fiscal. La noticia criminal se activa precisamente tras recibir la Fiscalía el reporte oficial detallado por Medicina Legal, lo que impulsa la necesidad de una revisión exhaustiva de la planificación y ejecución de los bombardeos.
La Indagación: ¿Omisión de Protocolos y Violación del DIH? 🚨
El principal objetivo de la indagación preliminar es confirmar o descartar si las Fuerzas Militares «omitieron acciones y protocolos» de obligatorio cumplimiento durante las cuatro operaciones. La investigación recae en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, una dependencia con la misión específica de examinar conductas que pudieran constituir graves infracciones.
El foco de la investigación se centra en los lineamientos y protocolos establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. El DIH establece reglas claras para la conducción de las hostilidades, incluyendo principios como la distinción, que obliga a diferenciar entre combatientes y población civil (incluyendo a los menores de edad), y la proporcionalidad, que exige que las ventajas militares previstas no sean desproporcionadas en relación con las pérdidas incidentales de vidas civiles.
La pregunta fundamental que busca responder la Fiscalía es si, en el fragor de los combates o la planeación previa a los bombardeos, se descuidaron las medidas necesarias para garantizar la protección de los no combatientes. Las posibles fallas en los protocolos podrían abarcar desde la falta de inteligencia precisa sobre la presencia de menores, hasta la omisión de procedimientos para intentar su desvinculación o evitar su afectación.
El caso pone de manifiesto la compleja y delicada balanza que debe mantener el Estado entre la legítima defensa y la persecución de grupos armados ilegales, y su indeclinable deber de proteger los derechos humanos, especialmente los de los niños, niñas y adolescentes.
La Doble Mirada de la Fiscalía: El Flagelo del Reclutamiento Forzado 👧🏽👦🏽
Más allá de la actuación de la Fuerza Pública, la Fiscalía ha decidido poner la lupa directamente sobre la conducta de las disidencias de las Farc en relación con el reclutamiento forzado de menores de edad. Este fenómeno criminal es un factor que agrava la tragedia, pues son los grupos armados ilegales quienes, al incorporar a niños y adolescentes a sus filas, los exponen directamente al riesgo de combate.
Según el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el grupo ilegal comandado por alias “Iván Mordisco” se posiciona como el líder en esta práctica en el país. En lo corrido del año, la Defensoría ha recibido un reporte alarmante de 162 niñas, niños y adolescentes reclutados en diversas regiones de Colombia. Esta cifra, que probablemente subestima la magnitud real del problema, subraya la sistemática violación de los derechos de la niñez por parte de estos actores armados.
El reclutamiento forzado es catalogado como un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y una grave violación de los derechos humanos. Al investigar este aspecto, la Fiscalía no solo busca sancionar a los responsables de las muertes en los bombardeos, sino también responsabilizar a las disidencias por exponer a estos menores a la muerte y despojarlos de su infancia y futuro.
El nexo entre el reclutamiento y la muerte en combate es ineludible: la presencia de menores en los campamentos ilegales, forzada o bajo engaño, convierte cualquier operación militar, incluso las más ajustadas a la ley, en una situación de alto riesgo para ellos. La Fiscalía, al investigar ambos frentes, busca una respuesta integral al ciclo de violencia que afecta a la niñez en las zonas de conflicto.
La Posición del Gobierno y el Debate Nacional
A pesar de la apertura de la indagación preliminar, el Gobierno Nacional ha mantenido su postura sobre la continuidad de los bombardeos como una herramienta legítima y necesaria en la lucha contra los grupos armados ilegales. Esta posición subraya la complejidad de la política de seguridad en el país, donde la presión por desarticular las estructuras armadas choca con la obligación de proteger a la población civil, especialmente a los más vulnerables.
El debate generado por estas muertes ha reactivado la discusión pública sobre las reglas de enfrentamiento, el uso de la fuerza y la ética de la guerra en el marco del conflicto interno colombiano. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y el sistema judicial exigen claridad y la máxima transparencia. La indagación de la Fiscalía servirá como un mecanismo crucial de control y verificación para determinar si las actuaciones de la Fuerza Pública estuvieron en estricta consonancia con la ley nacional e internacional.
La esperanza es que el resultado de esta investigación no solo conduzca a la verdad y la justicia para las 15 víctimas y sus familias, sino que también siente un precedente claro y robusto para la revisión y el refuerzo de los protocolos militares, asegurando que la protección de la vida de los niños, niñas y adolescentes sea la prioridad innegociable en cualquier operación de seguridad. De igual manera, se espera que la acción judicial contra el reclutamiento forzado eleve la presión sobre los grupos armados para que cesen de inmediato esta atroz práctica.