Nuevo interlocutor, mismas promesas. México tendrá nuevo gobierno el 1 de octubre, pero el compromiso asumido este lunes por el presidente entrante claudia sheinbaumcon los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 es lo mismo que hizo su antecesor cuando llegó al poder hace seis años: hacer todo lo posible para encontrarlos y esclarecer el caso, algo que nunca antes había sucedido.

«Estoy comprometido a poner toda mi voluntad en seguir la búsqueda de la verdad, la justicia y encontrar a sus hijos», dijo Sheinbaum en las redes sociales luego de su primer encuentro con las familias. «Encontraremos un método de trabajo que nos permita lo que ellos quieren, la verdad, la justicia y dónde están», insistió a la prensa al finalizar el encuentro.

No hubo más detalles del encuentro y los padres no hicieron comentarios de inmediato, pero la frustración es alta entre ellos desde hace un tiempo porque, después de sentirse engañados por la administración en la que desaparecieron sus hijos, la de Enrique Peña Nieto, ahora se sienten traicionados. por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien hace seis años les prometió lo mismo algo que Scheinbaum promete hoy.

«Hubo avances importantes y significativos» al inicio del gobierno, reconoció el lunes Vidulfo Rosales, abogado que acompaña a los padres, «pero cuando llegó la investigación con el ejército mexicano ya no había voluntad de continuar», agregó. .

Antes de su reunión con Sheinbaum, los padres se reunieron con López Obrador, a pesar de que las tensiones con su gobierno han aumentado considerablemente durante el último año debido a negativa de las fuerzas armadas entregar cientos de documentos solicitados por sus abogados.

Las recientes declaraciones del presidente atacando a los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos y exonerando al ejército de cualquier conexión con hechos que su propio gobierno ha calificado de «crimen de Estado» han aumentado la tensión.

La participación de las fuerzas armadas ha sido mencionada por la Fiscalía, por la Comisión de la Verdad creada al inicio de este gobierno y por expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó el caso durante ocho años.

A casi 10 años del atentado ocurrido el 26 de septiembre de 2014. En la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, aún se desconocen muchos detalles y no está claro el motivo ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron los restos calcinados de tres de ellos.

Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros de un cartel de tráfico de heroína que trabajaba en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, estatales y federales, incluido personal militar.

Decenas de personas están detenidas por el caso, otros detenidos fueron liberados por errores en el proceso. No hay condenas para los desaparecidos.

El ex Fiscal General de México Jesús Murillo Karam es persona de mayor rango involucrada y está acusado de obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada. Un juez le concedió arresto domiciliario en abril debido a su estado de salud y a su edad de más de 75 años.

También fueron acusados ​​16 soldados, pero la mayoría se benefició al continuar sus juicios en libertad.

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