La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra Carlos Fernando Galán Pachón, alcalde mayor de Bogotá (2024–2028), debido a un presunto incumplimiento de sus responsabilidades por no haber nombrado al alcalde local de la localidad de Usme en los plazos establecidos por la normativa. Esta investigación fue ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, que se propone determinar si se cometieron irregularidades administrativas, después de que la Junta Administradora Local de Usme enviara la terna para la elección el 1 de noviembre de 2024. A pesar de que se siguió el procedimiento legal, la administración distrital no formalizó el nombramiento, situación que ha dejado el cargo en interinidad.
La fuente del Ministerio Público ha indicado que el propósito de esta actuación es averiguar si el alcalde omitió cumplir con su deber y si tal omisión constituye una falta disciplinaria. Además, se evaluará si hay alguna justificación que explique el retraso en la designación del nuevo alcalde local. Aunque el 19 de abril de 2025 la Alcaldía de Bogotá anunció la elección de Leidi Marcela Pinilla Pinilla como nueva alcaldesa local de Usme y su currículo fue publicado oficialmente el 29 de abril, el cargo sigue siendo ocupado por un funcionario en calidad de encargado.
La Procuraduría ha ordenado la recopilación de pruebas para determinar si el proceso de nombramiento se ajustó a los procedimientos legales establecidos o si ha habido dilaciones injustificadas. Se solicitarán evidencias como las comunicaciones oficiales entre la Alcaldía Mayor y la Junta Administradora Local, así como los actos administrativos y resoluciones que respalden la situación actual del nombramiento.
El puesto de alcalde local juega un papel crucial en la gestión de asuntos territoriales y en la implementación de proyectos en las localidades, por lo que la demora en su designación podría estar afectando el funcionamiento institucional y la aplicación de políticas públicas en Usme.
Es importante destacar que la apertura de esta indagación no conlleva automáticamente a una sanción, pero sí inicia un proceso formal de verificación que podría resultar en una investigación disciplinaria si se hallan fundamentos suficientes. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la decisión de la Procuraduría ni sobre las razones del retraso en el nombramiento definitivo.