**Domingo, 21 de septiembre de 2025**

La entidad ha confirmado que la Fiscalía General de la Nación ha transferido la administración de la empresa a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ha reemplazado a los anteriores directivos y ha tomado control de sus bienes.

**Tribunal Administrativo de Cundinamarca**

La Unidad Nacional de Protección (UNP) aclaró este domingo que la empresa Pretorian Security LTDA, vinculada a la Unión Temporal Alta Seguridad mediante un proceso de urgencia manifiesta, no está actualmente bajo el control de la mafia. En cambio, se encuentra bajo la administración de la SAE tras un proceso de extinción de dominio. Esta aclaración se produce luego de que se difundiera una publicación firmada por Germán Ricaurte, en la que se alegan irregularidades en la contratación. La UNP ha desmentido la información, calificándola de “falsa y calumniosa”.

**Desmentido de la UNP**

La UNP enfatizó que la empresa Pretorian Security, contratada por la UNP, no está asociada con la mafia y que actualmente es administrada por la SAE. La información errónea publicada por Germán Ricaurte ha sido refutada por la Unidad Nacional de Protección.

Pretorian Security LTDA, que forma parte del… [enlace a la publicación] – Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) 19 de septiembre de 2025.

La UNP explicó que, al momento de firmar el contrato con Pretorian Security en 2023, la empresa no tenía procesos judiciales pendientes y estaba completamente habilitada para contratar con el Estado. Sin embargo, como resultado de las acciones del Gobierno Nacional contra la corrupción en el sector de seguridad, el representante legal de la compañía fue detenido y varios bienes fueron incautados.

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Tras los acontecimientos, la Fiscalía General de la Nación entregó la empresa a la SAE, que asumió el control, destituyó a los antiguos directivos y tomó posesión de los activos.

En lo que respecta al contrato 2705 de 2025, la UNP subrayó que no fue adjudicado “a dedo”, como se sugirió en la publicación, sino que se llevó a cabo bajo la figura de urgencia manifiesta, un mecanismo legal que permite la contratación directa en situaciones excepcionales. La UNP insistió en que la SAE, actuando como administradora del Estado, tiene la capacidad legal para continuar con los contratos existentes y para establecer nuevas contrataciones con entidades públicas.

Finalmente, la UNP informó que, tras verificar que el autor de la publicación es un funcionario de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se iniciarán acciones legales y disciplinarias por los delitos de injuria y calumnia contra la entidad.