El ejército colombiano anunció el lunes la liberación de un grupo de 66 militares retenidos desde el viernes mientras realizaban labores de patrullaje y operativos contra disidentes de la desaparecida guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Se dice que los secuestradores son «guardias del pueblo» que, según las autoridades, actuarán a instancias de los pistoleros.

Otros 40 militares que también estaban detenidos fueron liberados el viernes, y permaneció el grupo de 66 militares que permanecían cercados en la zona rural de San José del Guaviare, en el sureste del país.

Horas antes de la liberación de los militares, el general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3, solicitó en un video difundido a la prensa la liberación de los militares e indicó que durante la detención los militares pudieron comunicarse vía radio con sus comandantes. cada hora, para informarles de su estado. Vargas explicó que no hubo agresión entre la comunidad y los militares.

En vísperas de la liberación, la Defensoría del Pueblo -responsable de garantizar los derechos humanos en el país- indicó que estaba realizando tareas de mediación, escuchando las solicitudes y reclamos realizados «pacíficamente» por los pobladores de la zona que pedían «la ausencia del ejército en los lugares especificados en el armisticio».

Hay un alto el fuego en la zona acordado entre el gobierno colombiano y algunas facciones de las disidencias de las FARC, que se mantienen en la mesa del diálogo de paz.

El Ejército afirmó tras la detención, que calificó de «secuestro», que tropas fueron desplegadas en la zona en respuesta a las amenazas y extorsiones a comerciantes realizadas por un miembro de la estructura de Jorge Suárez Briseño, uno de los que acordaron el alto el fuego.

La detención de los soldados generó dudas entre los disidentes sobre su deseo de paz, dado que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, culpó a las fuerzas armadas por el «secuestro» de los soldados.

«La continuación del secuestro de los militares en San José de Guaviare nos obligará a revisar el cese al fuego con el bloque de Jorge Suarez Briseño», escribió el domingo Velázquez en la red social X, antes Twitter.

Añadió que la prórroga, vigente hasta el 15 de octubre, «debe detenerse si no hay un compromiso real por parte de este grupo ilegal».

Los diálogos con las facciones disidentes se desarrollan en el marco de la política de «paz total». alentado por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, quien promueve el diálogo simultáneo con grupos armados y pandillas urbanas en un intento por reducir la violencia en el país.

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