La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la tutela interpuesta por la senadora María Fernanda Carrascal. El tribunal determinó que el periodista Juan Diego Alvira excedió los límites de la libertad de expresión al acusar, sin pruebas, que la congresista intentaba silenciar o censurar a la prensa. Estas afirmaciones del periodista surgieron a raíz de un derecho de petición que Carrascal presentó a la Alcaldía de Bogotá, donde solicitaba información sobre posibles convenios con medios de comunicación vinculados a las obras del Metro de Bogotá.

El fallo enfatizó que la libertad de información no es ilimitada y debe respetar el principio de veracidad. También se destacó la responsabilidad social que conlleva el ejercicio del periodismo, subrayando que no es aceptable utilizar la libertad de expresión para desinformar o hacer acusaciones infundadas. “Los medios de comunicación tienen responsabilidades y la ciudadanía merece conocer la verdad”, expresó la senadora María Fernanda Carrascal en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, el Tribunal aclaró que:

– La congresista no insinuó que los periodistas hubieran recibido pagos o beneficios por su cobertura.
– Las afirmaciones de Alvira no estaban incluidas en el derecho de petición y, por lo tanto, deben ser corregidas.
– Las publicaciones atribuidas a Carrascal en la red social “X” no fueron verificadas.
– Las opiniones sobre la estética de las obras del Metro no deben interpretarse como ataques al periodismo.

Además, el fallo desestimó la idea de que la respuesta de María Fernanda Carrascal a una publicación del periodista Juan Fraile constituyera una forma de persecución, considerando esta interpretación como subjetiva y carente de fundamento. La senadora reafirmó que sus acciones no deben considerarse como persecución o censura, y que siempre ha defendido un periodismo libre y responsable como un pilar esencial de la democracia. También enfatizó que esta decisión judicial debe invitar a reflexionar sobre el uso indebido de los medios para estigmatizar o desacreditar a personas.

“¡Es momento de rectificar!”, concluyó Carrascal en su comunicado.