La reciente ofensiva del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Al Fasher, la capital de Darfur Norte, ha desencadenado una masacre en Sudán, generando una fuerte condena a nivel internacional. Las Fuerzas Conjuntas de Protección de Darfur, que colaboran con el Ejército sudanés, han acusado a los paramilitares de asesinar a más de 2.000 civiles desarmados, la mayoría mujeres, niños y ancianos, entre el sábado y el lunes. Aunque esta cifra no ha sido verificada de manera independiente, se alinea con numerosos testimonios y videos que han circulado desde el domingo, donde se documentan fosas comunes, saqueos y ejecuciones sumarias. La ONU ha expresado su «horror» ante los informes creíbles de masacres, violencia sexual y redadas en hogares.

El líder del Ejército y presidente de Sudán, Abdelfatah al Burhan, ha admitido la retirada de sus tropas de Al Fasher, justificando esta decisión como una medida para «evitar una mayor destrucción y proteger a la población». En un discurso transmitido por televisión, prometió que las FAR «rendirán cuentas» por los crímenes cometidos y aseguró que las Fuerzas Armadas «vengarán a los mártires de Al Fasher».

La caída de esta ciudad representa un duro golpe estratégico para el Gobierno sudanés, ya que era su último bastión militar en el oeste del país, dejando a toda la región de Darfur bajo el control de los paramilitares. Desde allí, las FAR han proclamado un «Gobierno paralelo» y han celebrado su victoria con videos en los que sus combatientes desfilan por instalaciones del Ejército, disparando al aire y entonando cánticos de victoria.

El asedio de Al Fasher ha durado más de un año y medio, empujando a la población a condiciones de extrema precariedad. La ONU ha advertido de un «riesgo inmediato de hambruna» para cientos de miles de personas atrapadas sin acceso a alimentos, agua ni medicinas. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha denunciado que los ataques a civiles y la violencia sexual son sistemáticos, y que los trabajadores humanitarios operan «bajo un riesgo extraordinario». En este momento, el acceso a la ciudad permanece bloqueado y las comunicaciones están casi cortadas. “Los civiles intentan huir del terror, pero enfrentan arrestos arbitrarios, saqueos y abusos en los puestos de control”, relató la portavoz de ACNUR en Puerto Sudán, Jacqueline Parlevliet.

La reciente ofensiva ha causado el desplazamiento de al menos 26.000 personas en los últimos días, según ACNUR, aunque el número real podría ser significativamente mayor. Muchos intentan escapar hacia la localidad de Tawila, donde ya hay 800.000 desplazados internos viviendo en condiciones infrahumanas. Otros tratan de alcanzar la frontera con Chad, evitando los controles de las FAR, que no dudan en ejecutar a quienes acusan de colaborar con el Ejército sudanés.

Los relatos recopilados por la ONU y organizaciones locales también han documentado asesinatos por motivos étnicos y la ejecución de personas con discapacidad que no lograron escapar. «Los civiles nunca deben ser un objetivo», destacó ACNUR, subrayando la necesidad de establecer corredores humanitarios y pausas en los combates para evacuar a la población.

Desde Jartum, Al Burhan ha acusado a las FAR de actuar con el apoyo de «mercenarios extranjeros» de Chad, Sudán del Sur y Colombia, señalando directamente a Emiratos Árabes Unidos por financiar a la milicia, algo que Abu Dabi niega. El presidente militar sudanés sostiene que enfrenta «una de las mayores conspiraciones internacionales» y ha prometido continuar la guerra «hasta la victoria final». Sin embargo, la comunidad internacional enfatiza que «no puede haber una solución militar». El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, ha pedido un alto el fuego inmediato y un regreso al diálogo político.

La guerra en Sudán, que comenzó en abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y más de 13 millones de desplazados, lo que la ONU ha calificado como una de las peores crisis humanitarias en el mundo. La mitad de la población enfrenta una grave inseguridad alimentaria, y el sistema de salud está colapsado. Ante una financiación insuficiente (solo se ha cubierto el 27% de la ayuda humanitaria requerida), las agencias internacionales han advertido que la violencia en Darfur podría acelerar la fragmentación del país.