El presidente Gustavo Petro no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre las recientes cifras. Poco después de que el diario español El País publicara una investigación exhaustiva acerca de la evasión fiscal en Colombia, el mandatario emitió una declaración contundente que resume su postura principal: la violencia y la desigualdad que afectan al país tienen raíces fiscales profundas. «Esta es la razón del déficit fiscal y por qué existe pobreza y desigualdad en Colombia; su consecuencia es violencia y narcotráfico», escribió en su cuenta de X. «Los megarricos evaden impuestos».

Esta afirmación coincide con los hallazgos del reportaje, que revela que el 40 % del grupo más adinerado del país —el 0,01 % con mayores patrimonios— ocultó activos en los últimos años, reportándolos solamente en normalizaciones tributarias posteriores. Este pequeño grupo, compuesto por apenas 3.530 personas, posee patrimonios que superan los 9.800 millones de pesos y emplea estrategias como cuentas offshore, empresas fachada y fideicomisos para ocultar bienes, eludir controles y reducir su carga impositiva.

El presidente aprovechó el momento para adelantar el proyecto de ley de financiamiento que su administración presentará en la próxima legislatura: una reforma estructural que busca aliviar la carga sobre la clase media y las pequeñas y medianas empresas, mientras se exige a los ultrarricos que paguen lo que históricamente han evadido. «Bajamos impuestos a todas las empresas y a la clase media, pero imponemos impuestos a los megarricos. Espero que acepten este acuerdo social a cambio de paz y democracia en su propio país».

Según el informe elaborado por Juan Miguel Hernández Bonilla, utilizando datos oficiales de la DIAN, estudios académicos y entrevistas con expertos, la estructura tributaria colombiana castiga a los pobres e ignora a los más ricos. Mientras el 1 % más acaudalado concentra cerca del 40 % de la riqueza nacional, el 50 % más pobre apenas accede al 2 %. Esta desproporción se agrava por una paradoja tributaria destacada por Oxfam: una persona del 1 % más rico paga en promedio 17 centavos de impuesto por cada dólar de ingreso, mientras que alguien del 50 % más pobre paga 21 centavos. Esta situación refleja un sistema regresivo donde el IVA —que afecta a toda la población de manera equitativa— representa casi el 30 % del recaudo, en contraste con apenas un 1,4 % que proviene del impuesto al patrimonio.

La evasión fiscal en Colombia se traduce en una pérdida de 130 billones de pesos al año, lo que es equivalente al 8 % del PIB, como explicó Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN. “Si se lograra reducir la evasión a niveles de países de la OCDE, se podrían destinar esos recursos para fortalecer programas sociales que beneficien a los más pobres”, advirtió. Gran parte de esta evasión proviene de los grupos más adinerados, ya que entre 2015 y 2017, el 40 % del 0,01 % más rico participó en procesos de normalización tributaria.

Las tácticas utilizadas para evadir impuestos no son nuevas, pero continúan volviéndose más sofisticadas. La profesora Juliana Londoño Vélez, de la Universidad de California en Los Ángeles, indicó que los colombianos más ricos han utilizado estructuras offshore en Panamá y otros paraísos fiscales para ocultar hasta un tercio de su patrimonio. “El uso de estructuras offshore ha sido el método preferido para esconder fortunas y reducir la carga tributaria”, afirmó en entrevista con El País.

El informe también señala que cerca del 90 % del dinero no declarado por las personas más ricas en 2019 se relacionaba con activos en el extranjero. Otros mecanismos utilizados incluyen empresas familiares que facturan servicios ficticios desde países con baja tributación y la subestimación del valor fiscal de activos, como deudas infladas o propiedades mal valoradas.

El presidente Gustavo Petro ha enfatizado que sin justicia tributaria no habrá justicia social ni paz sostenible. La evasión de los ultrarricos —que equivale a seis reformas tributarias— impide financiar programas que podrían aliviar el hambre y la falta de oportunidades. Por ello, su llamado es tanto técnico como político: “Espero que los megarricos acepten este acuerdo social a cambio de paz y democracia en su propio país”.

En este contexto, el Gobierno se prepara para presentar una nueva ley de financiamiento ante el Congreso, que está influenciado por el cálculo electoral. Este período suele caracterizarse por el aplazamiento de decisiones clave para el Estado. Sin embargo, el Presidente parece decidido a enfrentar este desafío con el respaldo de evidencias: los megarricos evaden, el país se empobrece y la democracia se pone en riesgo. No se trata solo de una ley; es una encrucijada crucial.