De acuerdo con testimonios de jóvenes, tras la liberación de siete de ellos de prisión, fueron asesinados. Estos jóvenes habían cumplido condenas por el asesinato de policías durante las manifestaciones del llamado «estallido social».

En una sesión conjunta de la Comisión Occidental de la Cámara y el Senado centrada en los derechos humanos en el contexto de la protesta social, se escucharon las voces de jóvenes que han enfrentado procesos judiciales por los eventos ocurridos durante el estallido social de 2021, varios de los cuales están cumpliendo penas por actos relacionados con protestas durante la administración del ex presidente Iván Duque. Johan Sainea, uno de los condenados, participó de forma virtual desde el centro penitenciario.

En su conmovedor testimonio, Sainea compartió las precarias condiciones que vivió antes de su captura: “Cocinaba un huevo, lo partía en dos y compartía la mitad con mi hermana menor para desayunar. Tenía que ir a un comedor comunitario con 500 pesos, una moneda, para reclamar dos almuerzos, uno para mi hermana menor y otro para mi madre fallecida”. Sainea subrayó que sus acciones no estaban motivadas por intereses políticos, sino por una lucha por derechos fundamentales: “Esto es algo muy humano, no político. No tenemos afinidad política. Defendemos la vida, la libertad, la diversidad, y aún hoy somos perseguidos, exiliados y expulsados”.

El senador Alirio García, del Pacto Histórico, resaltó las denuncias de otro joven, David Bernal, quien también testificó en la audiencia: “Por fortuna, quedan dos en ese lugar. Era un patio para jóvenes de la protesta social. Tuvimos 36 personas detenidas allí, y gracias a la labor de los abogados, hoy solo quedan dos”.

Sin embargo, la declaración más inquietante de Bernal fue la denuncia sobre el asesinato de siete jóvenes tras su liberación: “David hizo una denuncia que no se había mencionado en esta audiencia: siete jóvenes que salieron de la cárcel fueron asesinados. No es casual que muchos de ellos hubieran sido acusados de asesinar o torturar policías y luego aparecieran muertos”, afirmó el senador.

Actualmente, según cifras presentadas durante la audiencia, 34 jóvenes continúan encarcelados, muchos de ellos condenados por delitos como terrorismo y concierto para delinquir. “La ONU y la CIDH han señalado que no se les deberían imputar esos delitos”, recordó el senador García.

Finalmente, la audiencia incluyó reclamos sobre el abandono institucional por parte de gobiernos anteriores y solicitaron a las entidades avanzar en la creación de una Comisión de la Verdad sobre el estallido social. Se reiteraron peticiones a organizaciones como el INPEC, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para asegurar verdad, justicia, reparación y libertad para los jóvenes judicializados.