Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, firmó el lunes (14 de julio de 2025) un decreto que establece las normas para la implementación de la Ley de la Reciprocidad. Esta legislación, aprobada por el Congreso en mayo, permite a Brasil tomar medidas en respuesta al incremento del 50% en los aranceles propuesto por Donald Trump.
El decreto especifica los procedimientos de protección económica que el gobierno debe seguir para contrarrestar las barreras unilaterales que otros países imponen y que afectan las exportaciones brasileñas. La normativa anticipa la «reciprocidad» prometida por Lula en caso de que las negociaciones no eviten que el gobierno estadounidense imponga el mencionado arancel a partir del 1 de agosto.
Trump justificó su decisión como una reacción al supuesto superávit comercial de Brasil, una afirmación que contradicen las estadísticas oficiales de EE. UU., así como al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y antiguo aliado de Trump.
El ministro de la Presidencia, Rui Costa, explicó que el decreto debía ser firmado el lunes para su publicación en el Diario Oficial el martes. En esa fecha, el gobierno llevará a cabo las primeras reuniones con exportadores para evaluar cómo responder a las amenazas de Trump. Costa subrayó que la ley permite al ejecutivo proteger al país de medidas unilaterales que impacten negativamente en las exportaciones.
La Ley de la Reciprocidad facilita a Brasil implementar contramedidas comerciales y diplomáticas en proporción a las restricciones injustificadas impuestas por otras naciones o bloques económicos. El decreto también prevé consultas diplomáticas previas, coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para intentar resolver los conflictos mediante negociación antes de implementar contramedidas.
Además, el gobierno anunció que comenzará a dialogar con empresarios que exportan a EE. UU. sobre el impacto del arancel y las posibles estrategias para mitigar las restricciones. Estas conversaciones iniciarán el martes, con una reunión entre autoridades del gobierno, lideradas por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, y representantes de sectores con vínculos más estrechos con Estados Unidos.
Brasil sostiene que ha mantenido un saldo favorable en su relación comercial con Estados Unidos durante los últimos quince años, lo que hace que perciba la sanción como una maniobra de carácter político, influenciada por la situación judicial de Bolsonaro. Estados Unidos representa el 12% de las exportaciones brasileñas, que el año pasado alcanzaron los 40.300 millones de dólares, mientras que las importaciones desde la mayor economía del mundo totalizaron 40.500 millones de dólares.