Los manifestantes salieron a las calles de México el domingo como parte de la última protesta contra la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras medidas del partido gobernante que, según los críticos, debilitarán los controles y equilibrios democráticos.
Los manifestantes se reunieron en la Ciudad de México, así como en Michoacán, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y otros estados.
En la capital, un gran número de personas, muchos de ellos empleados de tribunales federales y jueces en huelga, finalizaron su marcha frente al edificio del Tribunal Supremo, en el corazón de la ciudad, ondeando banderas con lemas como «Independencia del poder judicial». «Respeto a la democracia».
«Ahora nos estamos manifestando contra las reformas, pero no son sólo las reformas», dijo el abogado Mauricio Espinosa. «Hay muchos ataques al poder judicial y a otros organismos autónomos. Lo que hace es, en última instancia, fortalecer al poder ejecutivo, al próximo presidente.
Después de las amplias victorias electorales que el partido gobernante Morena y sus aliados lograron en junio pasado, el gobierno ha impulsado cambios radicales en el poder judicial del país, que durante mucho tiempo ha estado en desacuerdo con López Obrador, un populista que ataca abiertamente a los jueces e ignora los fallos judiciales.
Su propuesta implica nombrar jueces mediante elecciones populares, algo que analistas, jueces y observadores internacionales temen que pueda saturar los tribunales con jueces con preferencias políticas y poca experiencia.
Esa fue la preocupación de Espinosa, quien dijo que «los jueces tendrán que rendir cuentas, buscar dinero para la campaña, buscar alguien que tenga apoyo. Sus veredictos no serán 100 por ciento independientes».
Los cambios propuestos requerirían la aprobación del Congreso, donde la coalición gobernante tiene mayoría.
El viernes, las autoridades electorales otorgaron a Morena y sus partidos afiliados el 73 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados, aunque recibieron un porcentaje significativamente menor, el 60 por ciento de los votos. Eso daría al bloque gobernante la mayoría de dos tercios en la cámara baja necesaria para aprobar cambios constitucionales con pocas o ninguna concesión.
A la coalición le faltarán unos pocos escaños para alcanzar una mayoría de dos tercios en el Senado, pero es probable que obtenga los votos necesarios de un partido más pequeño.
Aunque los nuevos legisladores no tomarán posesión de sus cargos hasta el 1 de septiembre, una comisión del Congreso comenzó el viernes a impulsar otra iniciativa polémica: la abolición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Morena sostiene que los órganos reguladores y de supervisión independientes de México son una pérdida de dinero. Afirmó que los ministerios gubernamentales deberían llevar a cabo esta labor de supervisión, lo que de hecho les permitiría ejercer supervisión sobre sí mismos.
Las acciones del presidente y su partido han aumentado las preocupaciones sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas. Pero para muchos de los manifestantes, la reforma judicial representa la mayor amenaza.
Los funcionarios y jueces de los tribunales federales están en huelga, el valor del peso se ha desplomado y las agencias internacionales de evaluación de riesgos han expresado preocupación. A mitad de semana, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la selección de jueces era un «riesgo» para la democracia mexicana y «ponía en peligro la histórica relación comercial» entre ambos países.
López Obrador, quien dejará el cargo el 30 de septiembre, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, miembro de Morena, rechazaron los comentarios de Salazar. López Obrador calificó los comentarios como «una falta de respeto a nuestra soberanía», y Scheinbaum dijo el sábado que si bien siempre habrá diálogo entre Estados Unidos y México, «hay cosas que sólo se aplican a los mexicanos».
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