Más de un centenar de extranjeros han sido ejecutados en lo que va de 2024 en Arabia Saudita, según un recuento elaborado por la AFP a partir de fuentes oficiales, que ya representa un récord anual, según un grupo de derechos humanos.
«Musa, de nacionalidad yemení», fue ejecutado el sábado en Najran, en el sur del país, por tráfico de drogas, informó la agencia SPA.
Su muerte eleva a 101 el número de personas ejecutadas desde enero, según un recuento de la AFP.
«Se trata del mayor número de ejecuciones de extranjeros en un año», dijo a la AFP Taha al-Hajji, líder saudita del grupo de derechos humanos ESOHR, con sede en Berlín.
En 2023, así como en 2022, 34 extranjeros fueron ejecutados en el reino; las cifras récord casi se han triplicado en 2024.
Lea también: Claves para conocer a Hezbollah, el azote de Irán contra el Israel del Líbano
Arabia Saudita es el país que más presos ejecutó en el mundo en 2023, después de China e Irán, según Amnistía Internacional.
En septiembre, la AFP registró un total de 198 ejecuciones entre ciudadanos y extranjeros desde principios de año, la cifra más alta en tres décadas, superando el récord anterior para ese período de 196 ejecuciones en 2022.
Ese número siguió creciendo rápidamente, llegando a 274 este domingo.
Las organizaciones de derechos humanos creen que la implementación de la pena de muerte pone en duda los proclamados esfuerzos de Arabia Saudita por presentar una imagen moderna y reformista al mundo.
El príncipe heredero y hombre fuerte del reino, Mohammed bin Salman, dijo a la revista estadounidense The Atlantic en 2022 que el país había abolido la pena de muerte, excepto para delincuentes o personas que pongan vidas en peligro.
Entre los extranjeros ejecutados este año se encuentran 21 paquistaníes, 20 yemeníes, 14 sirios, 10 nigerianos, nueve egipcios, ocho jordanos y siete etíopes. La lista también incluye a un sudanés, un indio, un afgano, un esrilanqués, un eritreo y un filipino.
La mayoría (69) fueron condenados por tráfico de drogas.
En 2022, Arabia Saudita levantó una moratoria de tres años sobre las ejecuciones relacionadas con casos de tráfico de drogas.
Los extranjeros «a menudo son explotados por grandes traficantes de drogas que se aprovechan de su vulnerabilidad» y «sufren una serie de violaciones de derechos humanos, desde su arresto hasta su ejecución», afirmó Haji.