Miles de ciudadanos se manifestaron este viernes (23 de mayo de 2025) en Panamá para expresar su rechazo al arresto de dos líderes sindicales que han liderado protestas contra el gobierno de derecha de José Raúl Mulino. Los dirigentes del sindicato de la construcción Suntracs, el más importante del país, están detenidos bajo acusaciones de blanqueo de capitales. Saúl Méndez, el líder de esta organización de izquierda, solicitó asilo en la embajada de Bolivia para evitar su arresto. Los sindicalistas rechazan las acusaciones, alegando que se trata de una persecución política por parte del gobierno de Mulino.

Durante la jornada, los manifestantes marcharon pacíficamente por la avenida costanera de la capital hacia la sede del gobierno, llevando banderas panameñas y bajo la vigilancia de las fuerzas policiales. «Nuestros dirigentes han sido brutalmente reprimidos por el gobierno porque no tolera que alcemos nuestra voz de protesta contra toda esta política neoliberal», declaró a la AFP el sindicalista Héctor Hurtado. Genaro López, un veterano líder del Suntracs, fue arrestado el jueves, después de la detención la semana pasada de otro miembro del sindicato, Jaime Caballero. El miércoles, Méndez se refugió en la embajada de Bolivia.

La fiscalía ha realizado allanamientos en las oficinas del Suntracs con policías encapuchados y ha emitido órdenes de arresto contra otros dirigentes del sindicato, aunque no ha revelado sus nombres. «Hay una clara persecución política en el país. Ya tenemos compañeros detenidos que están siendo procesados sin pruebas suficientes», afirmó Ronaldo Ortiz, otro líder de la organización popular Frenadeso.

Desde hace casi un mes, Mulino enfrenta una huelga de los trabajadores de la construcción y de los bananeros, así como protestas en varias ciudades, que también incluyen paros de maestros de escuelas públicas. Los sindicatos se oponen a una reciente reforma del Seguro Social y a otras medidas del gobierno, incluyendo un acuerdo con Washington que permite la presencia de tropas estadounidenses en el país para proteger el canal de Panamá. El presidente ha rechazado dialogar con el Suntracs, acusándolo de ser «una mafia», y afirma que los arrestos son ordenados por la fiscalía, no por su administración. «Yo no investigo a nadie ni ordeno arrestos», declaró el mandatario el jueves.

Sin embargo, Damaris Frutos, una maestra de 59 años, comentó a la AFP durante la marcha que las autoridades «intimidan a nuestros dirigentes para debilitar los sindicatos».

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), criticó los procesos judiciales en contra de los líderes de sectores populares, mientras que, según él, «a los ricos que roban millones se les otorgan salvoconductos para disfrutar de la riqueza robada en otros países», en referencia al expresidente Ricardo Martinelli. «En cambio, a los patriotas, a los luchadores sociales, a los gremialistas y sindicalistas se les aplica todo el rigor de la ley (…) con expedientes amañados y pruebas falseadas», añadió Ábrego.

«Están judicializando la protesta social, persiguiendo a los dirigentes que exigimos un Panamá diferente, porque luchamos por justicia social y por que la dignidad se convierta en una costumbre en este país, en nuestro pueblo, y lo seguiremos haciendo hasta lograr nuestro objetivo», enfatizó el líder docente.