La gigante digital Meta, conocida por sus plataformas Facebook e Instagram, anunció el viernes que a partir de octubre suspenderá la publicidad política en la Unión Europea, citando la legislación vigente como motivo. «Hemos tomado una decisión difícil en respuesta a la nueva regulación de Transparencia y Orientación de la Publicidad Política (TTPA) de la UE», declaró la compañía. Meta indicó que, al igual que otras plataformas, ya no permitirá anuncios políticos, electorales o relacionados con cuestiones sociales en la UE.
Esta medida se adoptó debido a las «inviables exigencias y las incertidumbres legales» que presenta la normativa europea. Según Meta, este cambio afecta únicamente a la región de la UE; fuera de ella, la publicidad política, electoral y social seguirá funcionando de manera habitual. Además, los usuarios en la UE podrán seguir publicando mensajes y discutiendo temas políticos en las plataformas.
Meta destacó la importancia de la publicidad política en línea para conectar a las personas con información relevante sobre sus representantes, pero también mencionó que la legislación europea impone obligaciones que crean una complejidad e inseguridad jurídica insostenible para los anunciantes.
En el contexto de tensiones, en enero, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, acusó a la UE de «censura» y comparó las multas impuestas a la empresa con aranceles. La más reciente controversia involucra el sistema de pago para el uso de datos personales, conocido como «pago o consentimiento». En abril, la UE multó a Meta con 200 millones de euros por violar normas sobre el uso de datos en sus plataformas.
Google, por su parte, también anunció el año pasado que eliminaría la publicidad política a partir de octubre de 2025, citando «nuevos desafíos operativos e incertidumbres legales». La UE ha implementado en años recientes un conjunto de leyes estrictas que regulan las operaciones de plataformas digitales, principalmente estadounidenses. En este debate, empresas como Meta y Google argumentan que la legislación limita la libertad de expresión.
Este argumento ha resonado profundamente en el actual gobierno de Estados Unidos, donde el Departamento de Estado acusó a ciertos países europeos de castigar a personas por criticar a sus gobiernos. En el Congreso estadounidense, el Comité de Asuntos Jurídicos ha considerado que la legislación europea representa una «amenaza externa de censura». El presidente del Comité, Jim Jordan, un aliado del expresidente Donald Trump, se reunirá el próximo lunes en Bruselas con la comisaria europea responsable de temas digitales, Henna Virkkunen.