México aprobó dos reformas contradictorias Promocionado por Andrés Manuel López Obrador en la última sección de su mandato y poco más de un mes desde la elección total del 2 de junio.

Una persona le da al presidente los poderes de la amnistía, que propone información verificable en casos «relacionados con el estado», algo que el propio presidente puede determinar, lo que alienta los temores de que pueda abrir la puerta al uso discrecional.

Otra iniciativa reforma la Ley de AMPARO y evitará que los jueces sean suspendidos.

La Cámara de los MP llevó a cabo las reformas aprobadas anteriormente por el Senado después de un debate que duró hasta la medianoche, gracias a la mayor parte del Partido Oficial de Morena y sus socios tanto en las cámaras como en el fuerte rechazo de toda la oposición.

López Obrador dijo que el artículo integrado en la ley de amnistía puede ayudar a aclarar casos como la desaparición de 43 estudiantes de Icenupa en el sur de México 2014, algo que prometió cuando llegó al poder, pero las fiestas de oposición vienen como un control vacío que conducirá a la impunidad .

«Puse un límite en la facultad de amnistía para que dure un año, siete o 10 años, pero no dejemos que las llaves cierren a todos los presidentes del futuro para siempre», dijo Enrique Gerardo Sosa, un partido adjunto del partido del partido.

Hasta ahora, según la ley aprobada en 2020 por la administración actual, la posibilidad de amnistía se ha limitado a mujeres acusadas de aborto o personas vulnerables encarceladas por delitos como el robo o sedimento ordinario y antes de que se proporcione, debe haber una previa La decisión de y el comité se forma para varias empresas.

Pero el nuevo artículo le da al presidente el poder de proporcionar amnistía directamente a las personas que contribuyen a elementos verificables que son útiles para conocer la verdad de los hechos en los casos que son relevantes para el estado mexicano. Por lo tanto, el mismo presidente tendrá el poder de decidir cuáles son apropiados y quiénes no.

Las organizaciones sociales tienen miedo de sus consecuencias.

La Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, una entidad metropolitana oficial, advirtió en una declaración reciente que el cambio «desprotegido a las víctimas en su derecho a ser corregidos» y deja vacío con respecto a los casos en que se puede aplicar.

«Tiene un significado más político que una condición real para acceder a la verdad de los casos de transición o violaciones graves de los derechos humanos», dijo Sergio Mendis, abogado de la Fundación de Justicia.

El Centro de Derechos Humanos de Agustin Pro Juárez (Prodh) advirtió que la medida parece un «perdón presidencial excepcional», que, si no hay control, puede ser proporcionado con «uso discrecional», como ha sucedido en otros países.

Y como equipo que defiende a las víctimas del caso Iyocinap, recordó en comentarios recientes sobre sus redes sociales, que puede ofrecer información importante sobre lo que sucedió es el Ejército, que proporciona los documentos que no ha proporcionado.

Con los cambios en la otra ley de AMPARO, López Obrador busca evitar bloqueos judiciales como aquellos que han sufrido en el pasado, para algunas de sus reformas más importantes, como energía o, por ejemplo, su trabajo más emblemático, la levadura turística que tiene un tren que tiene para terminar con el sureste mexicano antes de dejar la energía el 30 de septiembre.

El presidente tiene un historial de apresurar las leyes a través del Congreso, sin pasar mucho tiempo legisladores para leer realmente los textos o promover sus proyectos de infraestructura, desestimándolos de los procesos normales de emisión de permisos o inspecciones de impacto.

Por lo tanto, muchas iniciativas han completado paralizado en los tribunales y varias alcanzarán la corte más alta debido a problemas inconstitucionales, algo que también parece repetirse por esta ley.

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