El gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido aumentar la presencia militar y de organismos oficiales en Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un hecho que ha generado gran indignación en el país. Manzo, quien era presidente municipal de Uruapan y había emprendido una fuerte lucha contra el crimen, fue asesinado a tiros el 1 de noviembre en un evento público, en presencia de su familia, lo que ha provocado protestas masivas en su comunidad y otras ciudades. «El dolor y la indignación que sentimos por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan lo compartimos plenamente. Este ataque afecta no solo a Michoacán, sino a todo México», expresó Sheinbaum en un evento con su gabinete.
El anuncio del plan de seguridad llega días después del homicidio de Bernardo Bravo, un destacado líder del sector limonero que también había denunciado la presión criminal sobre los empresarios de la región. Como parte de la estrategia, se desplegarán 1,980 soldados más, sumando un total de 10,506 elementos de la Defensa y 1,781 de la Marina Armada en Michoacán, a partir del 10 de noviembre. Las fuerzas federales tendrán la misión de intensificar las acciones contra el narcotráfico y la extorsión, así como de prevenir la fuga o el ingreso de grupos criminales.
Michoacán, con acceso al Pacífico, es una región agrícola clave donde operan al menos cinco cárteles de la droga, destacando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por Estados Unidos como una organización terrorista. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Sheinbaum, indicó que se enviarán recursos adicionales de inteligencia al estado para fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado, ante la histórica dificultad de México para llevar a cabo investigaciones efectivas que resulten en juicios.
Además del refuerzo militar, la administración de Sheinbaum destinará más de 3,000 millones de dólares para mitigar la violencia persistente en Michoacán. Estos fondos se utilizarán en programas sociales existentes que buscan abordar las raíces de la violencia, como el desempleo, la pobreza y la atención médica. Se ampliarán las becas para mantener a los jóvenes en la escuela, haciendo que el crimen organizado sea una opción menos atractiva.
Sheinbaum, al igual que su predecesor López Obrador, ha afirmado que los problemas de seguridad no se pueden solucionar solo con la fuerza. En un contexto de presión internacional, la presidenta ha mostrado una mayor disposición para enfrentar a los cárteles de la droga en comparación con su antecesor. Durante la administración de Donald Trump, se ejerció presión sobre México para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero Sheinbaum ha indicado que México solo aceptará asistencia de inteligencia y no operaciones dirigidas por fuerzas estadounidenses en su territorio.
Michoacán ha sido un reto de seguridad para los presidentes mexicanos durante décadas, con numerosos grupos criminales en lucha por el control del territorio para el tráfico de drogas y la extorsión. En respuesta a esta situación, Sheinbaum ha prometido que el progreso de Michoacán será una prioridad en la agenda nacional, comprometiéndose a tratar el tema cada dos semanas en sus conferencias de prensa. “A todos los habitantes de Michoacán les decimos: no están solos, cuentan con el apoyo de su presidente y de todo el gobierno mexicano”, concluyó.