Este lunes, el Ministerio Público anunció la imputación y detención de Gabriel Peñaloza, responsable del asesinato de los hermanos Faddoul, un caso que impactó a la nación hace 19 años. Se le formularán cargos por dos delitos. El Fiscal General Tarek William Saab, a través de las redes sociales del Ministerio Público (MP), indicó que la Fiscalía 66 Nacional Plena acusará a Peñaloza por «secuestro con muerte en cautiverio» y «asociación».
Saab destacó que Peñaloza, tras secuestrar a los hermanos, fue el autor material del asesinato de Kevin y Jeison Faddoul, así como de su chofer, Miguel Antonio Rivas, a quienes mantuvo cautivos durante varios días. La semana pasada, agentes del Grupo de Acciones Especiales N° 42 del estado Aragua (GAES), pertenecientes al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), lograron capturar a Gabriel Alexander García Peñaloza, conocido como “Chande Bemba”, de 43 años, en Cagua, estado Aragua, después de haber estado prófugo durante casi dos décadas.
El Caso de los Hermanos Faddoul
El secuestro de los hermanos Faddoul tuvo lugar el 23 de febrero de 2006 en Caracas, cuando un grupo de delincuentes, vestidos con uniformes de la extinta Policía Metropolitana, estableció un puesto de control falso en Vista Alegre para detener el vehículo en el que se dirigían a la escuela Nuestra Señora del Valle. Los secuestradores exigieron un rescate de 4,5 millones de dólares, pero las negociaciones se frustraron debido a la presencia policial en la zona.
Después de 40 días de cautiverio, el 4 de abril de 2006, se encontraron los cuerpos de las cuatro víctimas en el sector El Lechozal, en San Antonio de Yare, Valles del Tuy, con evidencias de tortura y heridas de escopeta en la cabeza. Este crimen causó una enorme conmoción en el país y provocó movilizaciones en varias ciudades.
Dos días después del hallazgo de los cuerpos, fue arrestada Julia Charte, quien se encargaba de llevar alimentos a los secuestrados. Su testimonio condujo a una serie de allanamientos que resultaron en cerca de 20 arrestos. En total, 17 personas, incluidos cuatro funcionarios de la Policía Metropolitana, fueron condenadas a 30 años de prisión por su implicación en el caso.